Juan Fernando Cristo interpuso acción de cumplimiento contra Duque por implementación del acuerdo de paz

El precandidato presidencial solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que haga cumplir lo pactado en La Habana, sobre todo en términos de protección de líderes sociales, manejo de cultivos ilícitos y la reforma rural

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Juan Fernando Cristo e Iván
Juan Fernando Cristo e Iván Duque

El exministro y precandidato presidencial de la Coalición de la Esperanza Juan Fernando Cristo radicó, este martes 23 de noviembre, una acción de cumplimiento para que el Tribunal de Cundinamarca ordene al Gobierno nacional implementar integralmente el Acuerdo Final de Paz.

En la acción instaurada, Cristo argumenta que desde el 7 de agosto de 2018 dejaron de presentarse ante el Congreso los proyectos normativos que estaban considerados como prioritarios y urgentes, como el de tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con los cultivos de uso ilícito, los relacionados con la Reforma Rural Integral y la reforma política.

Igualmente, indicó que tampoco se ha puesto en marcha la normativa para proteger a líderes sociales y defensores de derechos humanos, al punto de que, al día de hoy, ni siquiera se conocen los resultados sobre las sesiones que se han convocado de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

En este punto vale la pena recordar que según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), sólo en 2021 se han registrado las muertes violentas de 44 firmantes del acuerdo y 293 desde que se firmó el documento hace cinco años. En materia de líderes sociales, la misma organización habla de 155 asesinados este año y 1.270 desde noviembre de 2016.

“Venimos a exigirle al Gobierno Nacional que, en los pocos meses que le queda, cumpla con la implementación del Acuerdo de Paz. Han pasado 5 años desde que firmamos el Acuerdo y no se ven avances ni mucho menos voluntad para cumplirle al país unos mandatos claros que son política de Estado. Este Acuerdo le pertenece a los 50 millones de colombianos”, señaló el precandidato presidencial.

Como dato adicional, el aspirante a la Casa de Nariño también recordó que tampoco se conocen avances en la elaboración de una política pública para desmantelar a los grupos armados ilegales, tal y como reposa en el informe más reciente de la Misión de Verificación de la ONU.

“Esperamos que el Tribunal nos dé la razón ante la evidente desidia de este Gobierno de responder a las más de 9 millones de víctimas del conflicto armado que viven en nuestro país y le ordene al Gobierno Nacional cumplir con la implementación del Acuerdo de Paz”, puntualizó el exministro del Interior.

Hay que recordar que tras el aniversario de los cinco años del proceso, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) revisó los avances en el Acuerdo Final de Paz en Colombia, según el informe que entregó el secretario general, Antonio Guterres. En este texto, el delegado explica que Colombia tiene desafíos por superar en materia de seguridad en las regiones.

Uno de los puntos importantes del informe es el énfasis que hacen en el deterioro de seguridad de las comunidades afrocolombianas e indígenas:

”Las comunidades afrocolombianas e indígenas están siendo afectadas de manera desproporcionada por todo tipo de violencia, en este caso, desde asesinatos de sus líderes hasta desplazamientos y confinamientos”, explica el informe.

Es particularmente grave que sean precisamente las zonas priorizadas para la implementación del Acuerdo, desde el Meta hasta Antioquia, desde la Costa Pacífica hasta el Catatumbo, las que enfrentan las situaciones más graves”, expresó Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de la ONU en Colombia y Representante Especial del Secretario General.

Este informe invita al gobierno de Iván Duque a seguir trabajando en acelerar el acceso de excombatientes a beneficios como la tierra y la vivienda, además de potenciar los liderazgos de mujeres, indígenas y afrodescendientes.

Esto partiendo de la importancia de garantizar los recursos de todas las instancias y puntos del Acuerdo Final de Paz, recordando que solo se ha gastado el 65 % del presupuesto asignado entre 2017 y 2020. Agregaron que la implementación, al ritmo que va, tardaría 26 años y no los 15 que se plantearon tras la firma.

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