La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías de San José del Guaviare los argumentos para vincular formalmente a los máximos cabecillas de las disidencias de la Farc en el oriente del país, como presuntos responsables de auspiciar la destrucción de la Amazonía colombiana.
Los procesados son: Miguel Botache Santilla, alias Gentil Duarte; Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco; y Géner García Molina, alias John 40.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó los delitos de: invasión de área de especial importancia ecológica, daño a los recursos naturales, conservación o financiamiento de plantaciones, y concierto para delinquir. Los procesados fueron declarados personas ausentes y en su contra se solicitará la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad.
Verificaciones de campo y abundante material de prueba dan cuenta de que, por instrucción de los jefes de las estructuras disidentes, hay una deforestación persistente y continua para culminar el denominado ‘Corredor Marginal de la Selva Amazónica’, una vía ilegal entre La Macarena (Meta) y San José del Guaviare (Guaviare).
Adicionalmente, en distintas operaciones realizadas de manera articulada con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional fueron detectados, por lo menos, seis predios en los que se encontraron semilleros y plantaciones de coca, laboratorios para el procesamiento de estupefacientes, cría de ganado, construcciones rústicas y acaparamiento de tierras.
Estas actividades ilícitas, identificadas desde 2016, han puesto en peligro los suelos, las fuentes hídricas y la vida silvestre en áreas de especial protección. De acuerdo con estudios técnicos, han devastado los ecosistemas y un importante conector ambiental entre los Parques Nacionales Naturales Tinigua, Chiribiquete y La Macarena.
Defensoría alerta por reclutamiento de indígenas en el Amazonas
A esto se le suma el reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes indígenas por parte de las disidencias, a lo que ya la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana de inminencia.
La entidad señaló que esta alerta tiene la intención de proteger a los menores de los pueblos indígenas yacunas, uitotos, tanimukas, bora miraña, cabiyaris, cubeos, matapís, letuamas, entre otros, debido a que el frente primero Carolina Ramírez, que opera en el área municipalizada de La Pedrera, ya habría incorporado a cuatro menores a sus filas.
“Resulta grave lo que está pasando en esa región con las comunidades indígenas y por esa razón alertamos a las autoridades para que se tomen las medidas necesarias que permitan prevenir escenarios de reclutamiento, uso y utilización contra niños, niñas y adolescentes, y asegurar entornos para su protección”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
A su vez, el funcionario advirtió que esta amenaza de reclutamiento se puede extender hacia el río Apaporis y sus comunidades, así como a la subregión eje Caquetá debido a que este sector es un importante corredor de armas y mercancía vinculada a las actividades ilícitas de los grupos armados ilegales.
La Defensoría informó que en este sector del departamento del Amazonas, al sur del país, habitan las comunidades indígenas de Bacurí, Bocas del Mití, Renacer, Puerto Córdoba, Angostura, Kukare, Yukuna, Tanimuka, Lomalinda, Boricada y Kamaritagua, Yavira Angostura, pertenecientes a los resguardos de Puerto Córdoba, Yaigojé-Apaporis, Comeyafú, Curaré-Los Ingleses y Camaratagua.
“Los intereses de la facción disidente de las FARC sobre La Pedrera no son solamente económicos, ya que busca ‘fortalecerse financieramente’ para engrosar sus filas, dada la vastedad, intereses y el carácter estratégico del territorio que pretenden dominar. Resulta evidente que necesitan vincular más personas a sus filas, por lo que volvemos a advertir sobre eventuales situaciones de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes”, aseveró Camargo.
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