El Centro Democrático se queda sin la curul de Edwin Ballesteros en la Cámara de Representantes

A través de la Resolución 2572 del 22 de noviembre la Cámara de Representantes decretó la “silla vacía” en el caso del excongresista Edwin Ballesteros del Centro Democrático.

Aunque el partido político esperaba que ese lugar lo pudiera ocupar Liliana Botero de Cote, que era siguiente en la lista, la Cámara de Representantes resolvió que el lugar quedaría vacío.

Cabe recordar que, Edwin Ballesteros renunció a su curul en medio de un escándalo por presunta corrupción que lo enloda y por el que está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación.

Caso de exrepresentante Edwin Ballesteros pasó a la Fiscalía

El mes pasado la Fiscalía General de la Nación confirmó que la investigación por presunta corrupción en Santander, que involucra a Edwin Ballesteros, ahora es su competencia. Lo anterior, debido a que el funcionario renunció a su curul en la Cámara de Representantes.

Antes de pasar a la Fiscalía el proceso estaba en manos de la Corte Suprema de Justicia debido al fuero político con el que contaba el excongresista del Centro Democrático.

Hay que recordar que cuando Ballesteros renunció a su curul, aseguró que tomó la decisión porque la Corte vulneró sus garantías constitucionales y el derecho a la defensa. Esto estaría relacionado a que el magistrado instructor no permitió extender el plazo para la entrega de documentos de peritaje financiero y costos en contratación referentes al caso de corrupción que investiga el alto tribunal.

“Esta renuncia la presentamos ante su despacho, en virtud de la flagrante vulneración de garantías constitucionales por parte del magistrado, especialmente la violación del derecho fundamental a la defensa, durante la diligencia de indagatoria que fue celebrada el día de hoy, dentro del proceso de referencia”, dijo Ballesteros.

El exrepresentante es investigado por haber incurrido en cinco delitos: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho.

Esta investigación está relacionada con el caso del excongresista Richard Aguilar, que se oficializó el pasado 20 de mayo y está relacionada con delitos que cometió cuando ejercía como gobernador de Santander entre 2012 y 2015.

Aguilar presuntamente celebró más de cinco contratos avaluados en alrededor de 400 millones de pesos de forma ilegal. Estos convenios hacían parte del proyecto del corredor vial San Gil - Charalá, las obras adelantadas para el tercer carril entre Bucaramanga y Floridablanca y un contrato para adelantar obras en el Estadio de la Villa Olímpica de Bucaramanga. Además, habría utilizado de forma incorrecta dineros del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

De esa lista de proyectos en los que Aguilar había cometido actos de corrupción, Ballesteros se habría beneficiado cuando se desempeñaba como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander S.A. (ESANT). Claudia Toledo, secretaria de Infraestructura de Santander entre 2012 y 2015, y su esposo Lenin Darío Pardo, junto a Andrés Mauricio Diaz Herrera, interventor en contratación, quienes también están vinculados al caso, mencionaron a Ballesteros en sus declaraciones y aseguraron que algunos de los contratos se le direccionaron al representante.

“La información suministrada por los testigos Pardo Pulido y Diaz Herrera adquiere seriedad y consistencia probatoria, en la medida en que resultó respaldada por otros medios de convicción de carácter documental, testimonial y técnico, de los que emergería el compromiso penal del actual representante a la cámara Edwin Gilberto Ballesteros”, se lee en un documento emitido por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

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