“Me parece que está vulnerando el derecho de las víctimas”: Carlos Lozada desautoriza a Rodrigo Granda

Ante las declaraciones de Rodrigo Granda, conocido hace unos años como el canciller de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en las que niega que el grupo ilegal sometiera a los secuestrados durante el cautiverio a trabajos forzados, otros excombatientes se pronunciaron para desautorizarlo. El primero en referirse al tema fue Carlos Lozada, senador del partido Comunes, quien aseguró que las palabras de Granda revictimizan a los violentados por las Farc.

A pesar de la aclaración del senador, la declaración de Granda ya había generado críticas por parte de todos los sectores políticos. Es de mencionar que lo más polémico de lo dicho por el exFarc no fue el negar el haber sometido a los secuestrados a trabajos forzosos, sino que aseguró que cuando estos trabajaban lo hacían por “aburrimiento” y no por obligación.

La posición que Granda dejó clara este lunes es que, tal y como se comprometieron las FARC al desmovilizarse, reconocerán los delitos que cometieron, pero la esclavitud no está en la lista. El exguerrillero sostuvo que hay manipulación en la información, incluso, dentro de delitos que sí aceptará el grupo, como el reclutamiento de menores.

Así mismo, Granda argumentó que no aceptará el nuevo cargo que está planteando la JEP.

“¿Qué más quieren que digamos, que hagamos lo que hizo Duque de ir al muro de las lamentaciones a darse allá cabezazos? Nosotros estamos diciendo nuestras verdades, no es obligación aceptarla, pero tampoco nos pueden obligar a aceptar otras pretensiones”, agregó Granda.

Ante esto, el senador del Centro Democrático Gabriel Santos dijo que era indignante la postura de las Farc y que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) deberá revisar los testimonios de las víctimas.

Acerca de esto, cabe recordar que ya hay testimonios que dan cuenta de que las Farc obligaban a trabajar a los secuestrados. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP obtuvo el testimonio de dos víctimas del Bloque Sur que fueron castigadas por no pagar las sumas impuestas por la guerrilla, por lo que fueron privadas de la libertad y obligadas a trabajar. Otro fue el caso de una enfermera del Hospital de Miraflores (Guaviare) obligada a desempeñar su profesión en combate y curar heridos de las Farc.

Este revuelo se registra en medio de la revisión que hace la JEP acerca la posible modificación del macrocaso 01 para que pase de llamarse “toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad” a “toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP”. Esto acogiéndose a las recomendaciones que entregó la Procuraduría General de la Nación meses atrás para que se tenga en cuenta la imputación por el crimen de lesa humanidad de esclavitud.

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