Gobernador de Arauca es enviado a La Picota por presuntos nexos con el ELN

La Fiscalía General de la Nación solicitó la medida ya que asegura tener evidencias que incriminan al gobernador de los cargos que se le acusan

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Gobernador de Arauca, José Facundo
Gobernador de Arauca, José Facundo Castillo. Foto: Gobernación de Arauca.

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó ingresar, este 23 de noviembre, en centro carcelario al gobernador de Arauca Facundo Castillo, quien es investigado por presuntos nexos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El mandatario deberá estar recluido en la cárcel La Picota de Bogotá mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Cabe recordar que Castillo fue imputado por tres delitos: concierto para delinquir; financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada; y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada. El mandatario no aceptó ninguno de ellos y por eso se está librando un juicio en su contra.

Teniendo en cuenta la gravedad de la acusación, el juez a cargo del caso tomó la decisión de imponer aseguramiento en centro carcelario. La Fiscalía General de la Nación solicitó la medida, ya que asegura tener evidencias que incriminan al gobernador. Así mismo, señalan que hay un acuerdo criminal para entregar contratos oficiales a integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del ELN a cambio de apoyo y protección para el mandatario.

Es de mencionar que esta no es la primera vez que Castillo fungía como gobernador de Arauca, pues de 2012 a 2015 también estuvo al frente del departamento. Este dato es importante porque la Fiscalía aseguró que los movimientos y alianzas ilícitas se habrían presentado en su pasada y actual legislatura.

Por lo anterior, la Fiscalía reiteró la importancia de la medida, ya que aseguró que el mandatario tiene poder económico y político para obstruir las investigaciones que se adelantan contra él. Incluso, se denunció que hay testigos clave en este caso que han asegurado que sus “vidas corren peligro” por declarar sobre los supuestos nexos de Castillo con la guerrilla del ELN.

Precisamente, uno de éstos, en entrevista con la Fiscalía, aseguró que podría ser asesinado si declaraba en contra del gobernador, dada la alianza existente entre éste y el ELN. Otro elemento resaltado por el fiscal delegado durante la audiencia fue la negativa de la comunidad a colaborar con las autoridades por las represalias que sufrirían sus familias en caso de brindar testimonio en el caso. En campo, aseguró el fiscal, algunos potenciales testigos no quisieron dar sus nombres por este mismo temor.

La decisión de llevar a Castillo a la cárcel estaba pendiente por tomarse desde hace un mes, cuando el fue detenido a su arribo a Bogotá en la madrugada del jueves 21 de octubre. El mandatario viajó a cumplir compromisos del departamento en el evento AgroExpo 2021,pero no alcanzó a llegar porque la justicia lo detuvo.

Hombres pertenecientes al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) retuvieron al gobernador apenas aterrizó en el Aeropuerto El Dorado y posteriormente lo llevaron al búnker de la Fiscalía. El gobernador tuvo que pasar la noche allí a la espera de ser presentado ante un juez de control de garantías.

Además de los posibles nexos con el ELN, en 2020 la Procuraduría General de la Nación también le abrió un pliego de cargos a Castillo por presuntas irregularidades en la adquisición de paquetes alimentarios destinados para la población vulnerable. Estos recursos habían sido otorgados durante los momentos más críticos de la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con información oficial, una de las acusaciones que tiene el gobernador de Arauca a su nombre tiene que ver con hechos ocurridos en octubre del 2014, cuando se registró la compra de un avión ambulancia por un valor de $8.290 millones. “El avión ambulancia se entregó en ‘concesión’ para su explotación privada a los nueve meses, el 21 de julio de 2015, a la empresa Colcharter, que la opera desde la ciudad de Bogotá a partir de entonces”, manifestó el ente investigador en una entrevista con Blu Radio. El contrato, según la Fiscalía, no había cumplido con todas las exigencias legales para su licitación, es decir, había sido entregado ‘a dedo’.

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