Desde hace casi dos meses unas 1.450 personas pertenecientes a la comunidad indígena Embera se encuentran en Bogotá en condición de desplazamiento. La principal razón por la que hacen presencia en la capital, está relacionada con el incremento de la violencia en sus territorios.
La situación es compleja, pues los indígenas asentados en parque Nacional están viviendo en condiciones precarias. Los diálogos para su reubicación no avanzan porque, según denunció el Distrito, los voceros no representan a la comunidad, tienen intereses políticos y exigen contratos en dinero; mientras la salud de los más vulnerables continúa en riesgo.
De hecho, hace unas semanas el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, se refirió a lo que ocurre en el Parque Nacional de la capital, ocupado de manera ilegal por indígenas, y fue claro al mencionar que se está poniendo en riesgo la salud de 290 niños y niñas.
Según dijo, de tal cantidad de menores de edad, al menos 26 han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios por problemas de salud, incluyendo cuatro que fueron internados junto a otros dos adultos pertenecientes a esta comunidad ancestral.
Sin embargo, y a pesar de las difíciles condiciones de vida que tiene allí, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Personería de Bogotá, en comunicación dirigida a la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, solicitaron que la medida material de restitución del Parque Nacional no se adelante hasta tanto se agote la vía del diálogo y se garantice la reubicación temporal de las comunidades en condiciones de dignidad, previa la caracterización con enfoque étnico y garantizando sus derechos fundamentales.
Así lo manifestó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien insistió en que los caminos del diálogo son los más eficaces, ante la inminente orden de desalojo de la población indígena concentrada desde el pasado 29 de septiembre en el Parque Nacional de la capital del país.
“Antes que el desalojo, y para evitar el uso de la fuerza, le reitero a la Alcaldesa y a las Autoridades Indígenas la importancia de reanudar el diálogo para lograr rápidamente consensos y un acuerdo que garantice los derechos individuales y colectivos de la población indígena en condición de vulnerabilidad en la ciudad”, afirmó.
El funcionario sostuvo que “la confianza y la posibilidad de una concertación se han visto afectadas por opiniones desafortunadas”, es por esto que hizo un llamado para que no se estigmatice a quienes desarrollan manifestaciones públicas y pacíficas.
La Defensoría, de forma coordinada, viene brindando especial atención a los niños, niñas y adolescentes, a las mujeres gestantes, a las madres lactantes y personas mayores indígenas ubicados a la intemperie en el parque nacional y, dadas las difíciles condiciones en las que se encuentra esta población víctima del conflicto armado, ha solicitado insistentemente al Distrito instalar una unidad de salud permanente en ese lugar y al ICBF garantizar alimentación y atención adecuada a los centenares de niños y niñas indígenas.
“La Defensoría del Pueblo, a través del Delegado para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social, el Delegado para los Grupos Étnicos y el Regional Bogotá, ha venido obrando como mediadora en las seis mesas de diálogo entre el Distrito y los voceros de los 14 pueblos indígenas, y reitero nuestro compromiso indeclinable en la búsqueda de soluciones concertadas a toda situación de conflictividad”, añadió Carlos Camargo.
Pues bien, cabe recordar que el pueblo indígena Embera Katío mantiene su postura de rechazo ante las ofertas de la Alcaldía para afrontar esta emergencia, a pesar de que el lugar dispuesto en el parque La Florida, según el Distrito, cuenta con todas las condiciones y la infraestructura indispensable para reubicarse de manera transitoria, en un entorno que fortalece su identidad étnica y cultural. Además, es de resaltar que el 60% de la población presente allí son niños, niñas y adolescentes.
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