Cuatro de cada 10 hogares víctimas de desplazamiento dejaron de alimentarse 3 veces al día durante la pandemia

Según un informe, presentado este 23 de noviembre, realizado por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado – CSPPDF, con el apoyo del Programa de Participación y Reparación Colectiva de USAID y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento - CODHES, que elaboró un análisis cuantitativo a 907 hogares de víctimas de desplazamiento forzado en 20 municipios de Colombia, reveló que cuatro de cada 10 hogares de víctimas de desplazamiento dejaron de alimentarse 3 veces al día.

Luis Jorge Garay, director del equipo de verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado – CSPPDF, señaló que el fin de este informe, que se realizó entre los meses de mayo y junio de 2021, tiene “el propósito de examinar los efectos de la pandemia del coronavirus sobre el acceso a los derechos a la educación, la salud, el trabajo y los ingresos, la percepción de pobreza, la insuficiencia alimentaria y la brecha digital de la población desplazada”.

En cuanto a la insuficiencia alimentaria, el estudio señaló que, de los 907 hogares encuestados, 337 dejaron de consumir tres comidas diarias, mientras que los que solo consumían una comida al día pasaron de 21 a 193. De igual manera indicó que, 622 hogares comieron menos de lo que deseaba o se quejó de hambre por falta de alimentos o de dinero para comprarlos.

Asimismo, pese a ser una población de atención prioritaria y con mayores vulnerabilidades, el 32.7% de los hogares desplazados dijo no haber recibido durante la pandemia ninguna de las ayudas gubernamentales.

El estudio reveló también que durante la pandemia las víctimas de desplazamiento forzado han percibido mayores factores de vulneración a sus derechos, sobre todo en relación con la generación de ingresos y la alimentación.

Sobre ese tema, el estudio señala que, de las personas desplazadas que se ocupaban como obreros y empleados particulares, solamente el 47.4% conservó empleo en la pandemia. 8 de cada 10 hogares encuestados manifestaron estar en condición de pobreza, el 18.8% se consideró muy pobre y el 63.2% manifestó que eran pobres.

En cuanto a educación, la Comisión de Seguimiento indicó que las tasas de cobertura bruta educativa continúan siendo bajas en educación media (81%) y superior (23.7%) para la juventud víctima de desplazamiento, reflejando problemas de oferta educativa en los municipios.

La Comisión alertó sobre la afectación al proceso de formación, donde el 85.9% de los hogares desplazados reportó haber tenido problemas de conectividad para el acceso remoto a la educación y el 38.6% de los niños, niñas y adolescentes desplazados no se encuentran matriculados en los establecimientos educativos.

Respecto a conectividad, el estudio reveló que 3 de cada 10 hogares desplazados no contaban con acceso a internet, mientras que el 84.6% no cuenta con dispositivos tecnológicos suficientes (computadores, tabletas o celulares inteligentes) para suplir las actividades de toda la familia.

Ante este panorama, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado instó al Gobierno nacional y a las autoridades competentes a centrar la atención en la población víctima de desplazamiento como parte de la estrategia nacional de mitigación del impacto de la pandemia, y a reconocer que la protección de sus derechos fundamentales es una prioridad por la condición de su desplazamiento.

Para la elaboración del estudio se realizó un análisis cuantitativo a 907 hogares de víctimas de desplazamiento forzado en 20 municipios de Colombia. Los municipios encuestados fueron: San Jacinto, Ovejas, El Carmen de Bolívar, Cartagena, Santa Marta, Chibolo, Bojayá, Buenaventura, Pasto, Tumaco, Chaparral, Ataco, Planadas, Rioblanco, Buenos Aires. Santander de Quilichao, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

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