Uribistas intentan boicotear Spotify por podcast de Daniel Coronell sobre Uribe

El programa contará con detalles inéditos de la investigación sobre el caso de Álvaro Uribe

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Daniel Coronell / Archivo particular
Daniel Coronell / Archivo particular

El pasado 19 de noviembre Daniel Coronell anunció en sus redes sociales la trama de su próximo proyecto, al que tildó de ser una “investigación apasionante” y una de las más representativas de su carrera como periodista.

Este proyecto, que revelará toda la investigación de los tres años que lleva el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe, será transmitido en un podcast en Spotify.

“[Es] un caso de presuntas presiones, pagos y favores para salvar al hombre más poderoso de Colombia de ir a la cárcel”, se puede escuchar en la publicidad que publicó la cuenta de Spotify en Twitter.

Agregó que dentro de este programa nuevo habrá una “historia secreta” que salió luego de recolección de documentos y pruebas “que facilitaron el procesamiento y el arresto del señor expresidente”. Además, aseguró que el programa tendrá “detalles inéditos y el diario secreto de un reportero”.

Esta publicación no cayó nada bien dentro la ultraderecha colombiana, que de inmediato invitó a bloquear a Spotify por promover lo que muchos tildaron de “apoyo” a la “izquierda terrorista”.

Los tuiteros y seguidores del exsenador Álvaro Uribe intentaron sin éxito promover el eliminar la aplicación en Colombia y que los ciudadanos no escucharan la investigación del periodista. Muchos aseguraban que la empresa de música trataba de “hacerse rica” a costillas de Uribe o que era imposible demostrar nada en contra de Uribe.

Estos son los trinos:

Así va el juicio contra Uribe

El 4 de octubre se reanudarán las audiencias en la investigación del caso por soborno y fraude procesal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Las víctimas acreditadas comenzarán a ser escuchadas ante un Juez, quien decidirá si el proceso se da o no por terminado luego de la solicitud de la Fiscalía por pedir la preclusión de la investigación.

Además, Este 13 de octubre, el juzgado 36 de Control de Garantías dejó en libertad por vencimiento de términos al abogado Diego Cadena, acusado por la Fiscalía General de soborno de testigos y fraude procesal, en el caso que también se adelanta contra el expresidente, Álvaro Uribe Vélez.

Según el juzgado, han pasado más de 240 días desde que se presentó el escrito de acusación contra Cadena sin que se iniciara la audiencia de juicio oral, según lo indicó la defensa.

Por último, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia inadmitió la denuncia presentada por el abogado Víctor Mosquera contra el senador Iván Cepeda por presuntamente haber ocultado y eliminado información y conversaciones que lo vincularían con Juan Guillermo Monsalve, el ‘testigo’ estrella’ en el caso Uribe.

Mosquera lo acusaba puntualmente por obstrucción, alteración y destrucción de material probatorio. Ante la decisión de la Corte, Cepeda dijo que “enterado de unos hechos que podrían ser relevantes para la justicia, de manera inmediata, los puse en conocimiento de mi abogado y, por su intermedio, de la Corte Suprema de Justicia, por lo que de ninguna manera puede decirse que haya ocultado pruebas a la justicia, sino que por el contrario la entrega voluntaria y pronta de dicha información permitió que se iniciara la actuación judicial”.

Según lo conocido por el senador, la Corte declaró que él no incurrió en ninguna conducta punible y consideró que los hechos denunciados son “atípicos y no configuran desde ese punto de vista ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio alguno, ni ninguna otra conducta punible de las establecidas en la parte especial del Código Penal”.

La Sala aclaró que no existe un deber de conservación de comunicaciones privadas, ya que esto implicaría el desconocimiento del derecho constitucional a la intimidad y que ni siquiera bajo el principio de solidaridad con la administración de la justicia sería coherente realizar esta exigencia, puesto que se concurriría en una injerencia arbitraria que desconoce el derecho constitucional.

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