Rodrigo Granda asegura que secuestrados trabajaban cuando estaban “aburridos, no por obligación”

Durante las últimas semanas se ha hablado de una posible imputación a los exlíderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) por esclavitud, hecho que fue negado por Rodrigo Granda, conocido como el canciller del grupo subversivo. La declaración del exFarc ha generado polémica, no solo porque negó haber sometido a los secuestrados durante el cautiverio, sino porque aseguró que cuando estos trabajaban lo hacían por “aburrimiento” y no por obligación.

Granda aseguró que tal y como se comprometieron las FARC al desmovilizarse, reconocerán los delitos que cometieron, pero la esclavitud no está en la lista. El exguerrillero sostuvo que hay manipulación en la información, incluso, dentro de delitos que sí aceptará el grupo, como el reclutamiento de menores.

Así mismo, Granda argumentó que no aceptará el nuevo cargo que está planteando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Sin embargo, cabe recordar que sí hay testimonios que dan cuenta de que las Farc obligaban a trabajar a los secuestrados. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP obtuvo el testimonio de dos víctimas del Bloque Sur que fueron castigadas por no pagar las sumas impuestas por la guerrilla, por lo que fueron privadas de la libertad y obligadas a trabajar. Otro fue el caso de una enfermera del Hospital de Miraflores (Guaviare) obligada a desempeñar su profesión en combate y curar heridos de las Farc.

Sin embargo, todas estas versiones siguen en consideración para así determinar si la JEP modifica el macrocaso 01 para que pase de llamarse “toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad” a “toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP”. Esto acogiéndose a las recomendaciones que entregó la Procuraduría General de la Nación meses atrás para que se tenga en cuenta la imputación por el crimen de lesa humanidad de esclavitud.

Para definir el tema, el tribunal especial decidió pedir ayuda a por lo menos 18 organizaciones y facultades de universidades con expertos en el tema, para que den su concepto sobre la calificación dada a esos crímenes. Una vez se tengan estas posturas, se decidirá si se mantiene el último documento o se hacen las modificaciones correspondientes.

Según se dio a conocer, algunas de las instituciones y organizaciones que darían su concepto serán: la Universidad de Los Andes, Universidad Javeriana, Universidad de Essex en Inglaterra, así como las universidades de Pensilvania y Yale en Estados Unidos y otros centros de estudio. Por parte de las organizaciones, fueron convocados el Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ), DeJusticia y otras plataformas.

Es importante aclarar que pese a que el organismo pidió su concepto algunas organizaciones y universidades, este proceso está abierto para que los expertos y estudiosos que deseen participar lo hagan sin ninguna restricción.

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