Procuraduría inició el juicio disciplinario en el caso de Centros Poblados

Este lunes 22 de noviembre, la Procuraduría General de la Nación inició el proceso disciplinario verbal en el caso que involucró al Ministerio de las Tecnologías y la Información y las Comunicaciones (Mintic) y la Unión Temporal Centros Poblados, en el escándalo de corrupción por el incumplimiento de un contrato por más de 70 billones de pesos, con el que se pretendía proveer de internet a las zonas rurales colombianas.

Los funcionarios del Mintic procesados son: Adriana Vanessa Meza Consuegra, secretaria general Mintic; Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual Mintic; Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura Mintic; Luis Fernando Duque Torres, representante legal UT Centros Poblados 2020; así como Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio “PE 2020 C Digitales”, que ejerce la interventoría del contrato en mención.

De acuerdo con información de RCN Radio, peticiones de aplazamiento y nulidad marcaron el comienzo de las audiencias. Según informó para el mismo medio el abogado Jorge Pino Ricci. “la Fiscalía no le ha permitido hablar con su cliente y por eso pidió suspender la audiencia hasta que pueda tener una entrevista con el ingeniero Luis Fernando Duque Torres, investigado como representante legal de la UT”.

Otra de las declaraciones a la emisora fue la que hizo el abogado Ernesto Matallana, quien habló de nulidad del proceso por “el respeto a los derechos fundamentales del debido proceso, presunción de inocencia y respeto de los principios de igualdad”.

Según recogió la revista Semana, Sandra Orjuela, sería quien tendría a cargo liderar la verificación del proceso jurídico en materia contractual. Por eso mismo, también sería “el primer filtro para identificar que la garantía presentada por Centros Poblados era falsa”, algo que no fue reportado en su momento.

De otro lado, está Camilo Alberto Jiménez Santofimio, exdirector de Infraestructura del MinTIC, quien tenía funciones como supervisor del contrato 1043 DE 2020, que fue el que se le entregó a la Unión Temporal Centros Poblados.

Asimismo, está llamada a responder Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio “PE 2020 C Digitales”, a cargo de la interventoría del contrato. La funcionaria no hizo las debidas advertencias ante las irregularidades en el contrato, así cómo el incumplimiento de la Unión Temporal a los compromisos. “Por ejemplo, no hizo seguimiento al cronograma de obras, por lo que no se advirtió la pérdida de 70 mil millones de pesos del primer anticipo”, detalló la revista.

También fue citado a audiencia Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados 2020, quien sería el causante de articular cuatro empresas del consorcio para que alcanzaran el cumplimiento de los requisitos de la licitación, pese a las irregularidades que comenzaron a presentarse.

Congresistas interrogaron en días recientes a la nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carmen Ligia Valderrama, sobre la calidad del servicio de conectividad en el país y el estado de la investigación del mencionado contrato.

“Llegaremos hasta las últimas consecuencias, seremos contundentes, estaremos acompañando a las autoridades de control en estas investigaciones. Tomaremos las decisiones jurídicas más indicadas y le informaremos al país sobre los resultados”, anotó la jefe de cartera y asimismo aseguró que analizan el contrato, en el frente jurídico, financiero y técnico, para no generar más riesgos con el resto del contrato.

Así mismo, reconoció que el contrato que era de Centros Poblados no es seguro que caiga en manos de ETB como lo aseguró Karen Abudinen antes de abandonar el MinTIC.

“A la fecha no está definido, nosotros estamos evaluando con mucho detalle la situación de este contrato, yo acabo de llegar y mi responsabilidad es verlo no solo desde el punto de vista financiero, hay dineros comprometidos que importan, pero nosotros también tenemos que ver desde el punto de vista jurídico y técnico, cuál es la mejor opción”, explicó y consideró que se puede volver abrir una nueva licitación, pero que significaría más tiempo en la ejecución del proyecto.

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