Por qué el exprocurador Alejandro Ordóñez tendrá que pagarle una millonada a Piedad Córdoba

En el pasado, el embajador colombiano ante la OEA hizo acusaciones contra la exsenadora que fueron luego desestimadas por algunos entes jurídicos

Guardar
El embajador de Colombia ante
El embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, se encuentra en un centro hospitalario en Washington D.C. Foto: Colprensa.

La Corte Suprema de Justicia confirmó en el mes de julio la reapertura del proceso en contra del embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez, quien es acusado de cometer el delito de calumnia en contra de la exsenadora de Piedad Córdoba. Por ahora no se ha tomado una decisión definitiva pero si la Corte favoreciera a Córdoba el exprocurador deberá pagarle una gran suma de dinero como forma de resarcir las consecuencias de sus acusaciones.

La denuncia es de vieja data: arrancó en 2010 cuando el hoy investigado fungía como procurador General de la Nación, cargo que le permitió destituir e inhabilitar a Córdoba para ocupar cargos públicos durante 18 años alegando que, “la exsenadora colaboró y promovió al grupo ilegal denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –en adelante Farc”.

Si bien el Consejo de Estado retiró la inhabilidad que pesaba sobre la exsenadora en 2016, Ordóñez atacó de nuevo, esta vez de manera verbal al señalar en medios de comunicación colombianos que, “la Procuraduría tenía la certeza de que Córdoba era alias ‘Teodora Bolívar’ y mantenía una relación con la organización guerrillera Farc”. Comentarios que a su vez desataron la demanda por parte de la política antioqueña, quien señaló que todo era un acto de racismo y machismo.

La misma se extendió durante años hasta que finalmente el fiscal segundo delegado de la Fiscalía General de la Nación solicitó en febrero de 2019 la preclusión del caso, argumentando que Córdoba también había incurrido en imputaciones contra Ordóñez al acusarlo, precisamente, de discriminación y racismo, alegando que la persecución en su contra se basaba en que era una mujer afrodescendiente dedicada a proteger a minorías a través de la política.

Pese a que la disputa terminó aparentemente favoreciendo a Ordoñez, en julio de 2021 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia reabrió el proceso y argumentó que “la sala de primera instancia adelantó una interpretación por completo desfasada de los motivos excepcionales que facultan decretar la preclusión por una causal distinta a la alegada por el peticionario; y de otra, que jamás el presupuesto de celeridad o el de economía procesal, aducidos en la decisión, pueden soportar que se pasen por alto otros más valiosos principios”.

Ante la situación que no parece ser muy favorable para Ordoñez si la Corte decide favorecer a Córdoba se deberá obedecer los estipulado por el Consejo de Estado, que en su momento aseguró que el embajador debería dar una indemnización a Piedad Córdoba con los salarios y prestaciones sociales que dejó de recibir desde su destitución.

“Condenar al demandado a pagar a favor de la Procuraduría General mil seiscientos setenta y cuatro millones ochocientos sesenta y cuatro mil pesos con la respetiva indexación e intereses, suma que fue reconocida y pagada por la entidad a la señora Piedad Esneda Córdoba Ruiz, por concepto de los salarios que dejó de percibir entre el 3 de noviembre de 2011 y el 19 de julio de 2014″, se lee en la demanda que la Procuraduría le instauró a Ordóñez.

Por ahora Córdoba volvió al ruedo político y hace poco anunció que salió del Partido Liberal por las diferencias que mantiene con Cesar Gaviria, por lo que decidió unirse a la Coalición de Pacto Histórico a la cual se han adherido otros políticos como Roy Barreras, Armando Benedetti y Camilo Romero.

En el documento que envió a los liberales aseguró que “No estoy para ser contada entre los que sepultan a un Partido que me permitió hacer política con la voz de las mujeres, los pueblos afro y de las y los excluidos de todo derecho”.

SEGUIR LEYENDO

Guardar