El pasado 4 de noviembre quedó listo el decreto con el que se regula el uso y porte de armas traumáticas en Colombia. De acuerdo con el ministro de Defensa, Diego Molano, en el país hay al menos 500.000 armas traumáticas y a muchas de estas, según él, son usadas para atacar a los miembros de la fuerza pública. Razón por lo que vieron la necesidad de crear una reglamentación para este tipo de armas y para los ciudadanos que deseen comprar una.
Entre lo establecido en el documento está elevar a la categoría de armas de fuego a las traumáticas, por lo que deberán cumplir la misma regulación. Aún así, queda claro que los permisos solo se expedirán en casos excepcionales ya que la prohibición al porte de armas de fuego en el país sigue vigente.
Así entonces, cuando un ciudadano desee adquirir un arma traumática, también denominadas de fogueo, tendrán que solicitar permisos especiales tanto para su tenencia, como para su porte. Esto también traerá más rigor a los controles de las autoridades en la comercialización de estos elementos.
Sin embargo, a tan solo dos semanas de la firma oficial del decreto, el gremio de comerciantes de este tipo de armas denunció que hay clientes que están llegando con permisos falsos esperando comprar un arma traumática. Según cuentan, los salvoconductos son vendidos por personas de manera ilegal y a través de redes sociales publican la oferta que oscila entre los 500 y 600 mil pesos.
En una investigación realizada por El Colombiano encontraron que los permisos que se están comercializando son similares a los que se entregan para el porte de armas letales, además, los expiden con fecha de caducidad del 2025, en entrevista con ese medio de comunicación, el presidente de Fedearmas, Bernardo Tobar, aseguró que esta problemática se está presentando porque hay vacíos legales en el decreto y que desde el Gobierno no se pensó bien en cómo iba a implementarse la nueva ley, “el Gobierno firmó un decreto sin tener listo ningún tipo de procedimiento... nadie sabe qué hacer, dicen que aún están ‘en proceso’...”.
Según el ministro Diego Molano, el decreto permitirá regular el uso de las armas que están incentivando que haya más delincuencia en el país, “hemos evidenciado como en el último año, particularmente después del vandalismo y los bloqueos, como en las calles aparecieron las armas traumáticas, unas armas iguales a las armas de fuego normales que comenzaron a ser modificadas y utilizadas para crimen, utilizadas para el robos, y sobre todo para atentar contra la integridad de nuestra fuerza pública y de otros ciudadanos”.
Pero los comerciantes insisten en que no se hizo un debido estudio de cómo controlar la situación y que el decreto los está perjudicando. Además, aseguran que la reglamentación solo subirá los precios del comercio legal pero que los delincuentes seguirán comprando el armamento de manera ilegal, como lo hacen hasta el momento.
En una entrevista para Blu Radio, Eduardo Jiménez, representante legal de la distribuidora Airguns Colombia, aseguró que la problemática se aumentará y que esto también desincentivará la compra de las armas para actividades deportivas o recreacionales.
“Los comerciantes se van a ver afectados porque los precios de ese producto van a subir y con ese incremento los ciudadanos ya no van a comprar eso tan caro. Primero, porque asumirían el sobrecosto del registro del arma y también tienen que pagar la remarcación del arma. El arma con registro y todo sale en $970.000 pesos y a eso hay que sumarle unos $600.000 pesos más con el decreto”, expresó el empresario, para los micrófonos de la emisora.
Según los gremios, es tanto el vacío del decreto y lo que los perjudica que interpondrán una acción de tutela para que no se ponga en marcha este decreto o que se les tome en cuenta sus necesidades y reclamos.
Seguir leyendo: