Como en una celebración, familiares y amigos recibieron a Enrique Vives Caballero en su casa, a donde llegó la noche del pasado viernes, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. El traslado desde la cárcel se dio el mismo día en que un juez concedió el beneficio de prisión domiciliaria solicitado por la defensa.
Según RCN Radio, el implicado fue trasladado por varios miembros del Instituto Nacional Penitenciario desde la cárcel La Ternera donde había sido recluido, hacia su casa en el sur de Santa Marta, en el sector de Pozos Colorados. Allí lo esperaban sus familiares y amigos, quienes celebraron la decisión que le permitirá pasar la temporada de diciembre con sus seres queridos.
Mientras Vives se reunía con sus familiares después de dos meses recluido, los familiares de las víctimas volvieron al lugar donde murieron los seis jóvenes, bloquearon la Troncal del Caribe a la altura donde ocurrió el accidente, para realizar una protesta, pedir justicia y oponerse a la decisión judicial. Para ellos, el beneficio de casa por cárcel va en contra de la responsabilidad del implicado y fue adoptada por la posición social de Vives, un empresario y político de la costa.
El pasado 19 de noviembre, el Juzgado Tercero Penal del Circuito determinó que Vives debe ser juzgado por homicidio culposo agravado, contrario al de homicidio con dolo eventual en concurso homogéneo, delito que le imputó la Fiscalía, por lo que no se trató de un hecho intencional, sino un accidente de tránsito, por lo que podía otorgarse detención domiciliaria.
Este proceso se dio gracias a la solicitud de la defensa de Vives que presentó un recurso de apelación ante la sentencia de primera instancia del Juzgado Primero Municipal de Control de Garantías y exigía que se tumbara la medida de aseguramiento en centro carcelario.
Por esa razón, los familiares de los seis jóvenes que murieron arrollados por el vehículo de Vives el pasado 13 de septiembre, recuerdan que el sujeto había consumido licor y posiblemente excedió los límites de velocidad.
Por ahora, el proceso contra Vives sigue en curso, teniendo en cuenta que el dictamen de Medicina Legal confirma que esa noche arrolló a siete jóvenes, de los cuales solo uno sobrevivió, bajo los efectos del alcohol grado tres.
La defensa insiste de Vives asegura que él no atropelló a los jóvenes intencionalmente sino trasladar la culpa a los fallecidos, al decir que ellos se atravesaron en la vía. De acuerdo con su versión, las siete personas invadieron, previamente al suceso, el carril por donde circulaba el empresario con su camioneta a alta velocidad, y que su cliente no pudo maniobrar el automotor en el que se movilizaba para evitar el choque.
Durante la audiencia, el juez aseguró que la investigación contra el abogado de Vives debe seguir en marcha y compulsó copias a la Procuraduría para que indague si incurrió en faltas durante el inicio de las investigaciones. Principalmente se le acusa de dilatar los procesos en el caso de los siete jóvenes de Gaira que fueron atropellados. El juez dijo que no fueron acertados los argumentos del abogado al referirse que las víctimas debieron usar un puente peatonal cerca.
La Procuraduría por su parte solicitó que el proceso continúe en Bogotá, petición que hizo con el fin de evitar maniobras dilatorias, pues se ha comprobado que, desde el inicio del caso, se han adelantado varias estrategias evasivas por parte del mismo Vives para evitar que las indagaciones avancen, dentro de las que se encuentran su negativa a tomarse la prueba de alcoholemia en reiteradas ocasiones, así como su ausencia en varias audiencias ante el juez del caso.
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