Eduardo Cifuentes a cinco años del Acuerdo de Paz: “la política está desligada de la JEP”

El 24 de noviembre de 2016 el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc firmaron el histórico acuerdo que puso fin a un conflicto armado que llevaba más de 50 años vigente. Fruto de lo pactado en La Habana, Cuba, nació la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que junto a otras entidades como la Comisión de la Verdad, componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

Si bien la JEP se incluyó en el texto final no fue sino hasta el 2018 que arrancó a operar ese tribunal con sus tareas constitucionales de administrar justicia para consolidar la transición hacia la paz. En entrevista con Infobae Colombia, su presidente, el magistrado Eduardo Cifuentes, se refirió al camino que han transitado en estos dos años y los avances que han logrado. También se refirió a varias polémicas que se han dado sobre todo con el sector del uribismo.

Infobae Colombia: Si bien los Acuerdos de Paz cumplen 5 años, la JEP apenas comenzó a operar en 2018. ¿A qué ritmo están avanzando?

EC: La JEP no investiga ni juzga conductas individuales como lo hace un juez penal ordinario. Aquí estamos frente a escenarios de macro-victimización y de comisión de miles de delitos, por eso se agrupan en macrocasos donde pueden acreditarse hasta más de 100.000 víctimas en uno y en otros 20.000 víctimas por el impacto mismo de los patrones de criminalidad. Estamos persiguiendo siempre a los máximo responsables de los peores crímenes cometidos en el conflicto.

Además acopiamos la verdad de lo que ha ocurrido en seis décadas de conflicto armado interno. Cuando se instaló este jurisdicción en 2018 no pudo entrar inmediatamente a funcionar porque la ley de estatutaria fue objetada por el presidente Iván Duque.

Hemos tenido realmente casi que dos años de cumplimiento efectivo de las competencias y lo que se ha hecho en estándares nacionales e internacionales es mucho. Hemos avanzado en las imputaciones de los dos más grandes macrocasos, uno llamado secuestros que ha sido recalificado como ‘toma de rehenes y graves privaciones de la libertad’ y el otro sobre ejecuciones extrajudiciales de personas que aparecieron muertas como bajas en combate y legítimamente eran simples inocentes indefensos.

Infobae Colombia: ¿Cuándo veremos las primeras sanciones?

No es algo tan fácil cuando paralelamente tenemos abiertos otros cinco macrocasos. Se ha avanzado muchísimo en cada uno de estos, porque si las imputaciones son aceptadas, como ha ocurrido en el caso de toma de rehenes, lo que sigue es una audiencia de reconocimiento que si la válida la Sala de Reconocimiento se enfila hacia una sentencia, lo cual no ocurre en la jurisdicción ordinaria.

Estamos ad portas de que el tribunal proceda a dictar sentencias con base en la aceptación o no de las imputaciones.

Infobae Colombia: Hay muchos ciudadanos que siguen sin creer en la JEP. ¿Qué están haciendo para convencerlos de su imparcialidad?

EC: Esos sectores del país que inicialmente eran contrarios a la JEP se han venido convenciendo de que esta jurisdicciones es una jurisdicción autónoma, independiente e imparcial, que está dispuesta a continuar con sus investigaciones, que ha realizado imputaciones tanto a exmiembros de las Farc como a miembros de la fuerza pública y a terceros, y que prontamente dictará las sentencias correspondientes.

Los primeros prejuicios que manifestó un sector de la opinión pública creo que se han venido desvaneciendo. Yo creo que la función nuestra es la de seguir adelante impartiendo justicia, acopiando cada vez más verdad que se comparte con el pueblo.

Infobae Colombia: ¿No era mejor los exFarc primero se enfrentaran la sanción, repararan y después sí iniciarán su proceso político?

EC: Yo no puedo dar una opinión de fondo sobre la materia porque soy magistrado de la Sección de Apelación y las posibles sanciones deben ser adoptadas por una sección del tribunal para la paz que es el que determina el alcance de estas sanciones.

Este fue un proceso que supuso la desmovilización de la guerrilla de las Farc con la entrega de armas, el sometimiento al componente de justicia y al esclarecimiento de la verdad. Supuso la entrega de armas con el objetivo de que no accedieran al poder político a través de la violencia.

Lo que le estoy señalando es la razón de ser del acuerdo, de entregar las armas para seguir una lucha política por la vía de la democracia y no mantenerse como cuerpo insurgente. Dejar las armas para hacer política, dejar las armas para ir por los votos.

Infobae Colombia: Sobre el macrocaso de falsos positivos, ¿cómo desligar esas investigaciones y futuras decisiones de la JEP con la política, en este caso el uribismo?

EC: La política está desligada del trabajo de la JEP. La Sala de Reconocimiento puede agrupar casos y hacer selecciones porque ante una criminalidad tan basta son miles los hechos punibles. Por eso no pueden ser abordados de una manera individual. Con base en unos estándares esas agrupaciones de casos se le comunica públicamente a las víctimas y al país.

Aquí no se trata de ninguna manera de cuestionar una administración de un presidente. Tenemos unos hechos entre determinadas fechas, no estamos hablando de ninguna imputación a ningún expresidente, donde se produce un incremento de esos hechos y eso no solamente con los datos disponibles por la propia jurisdicción, sino otros datos que acopió la Sala de la propia Fiscalía y de organizaciones de derechos humanos.

No tiene nada que ver la política con la actuación judicial del tribunal de paz.

Infobae Colombia: ¿Le preocupa que sectores políticos sigan pidiendo que se tumbe la JEP?

EC: La JEP surge de un acuerdo de paz que se catapultó a la norma constitucional que tiene mayor jerarquía. También fue objeto de revisión por parte de la Corte de constitucional y ese acuerdo al mismo tiempo responde a los deberes internacionales del Estado frente a las víctimas como los deberes de investigar y sancionar a los máximos responsables y deberes que se derivan para el Estado colombiano.

No me cabe a mí la menor duda que todos los gobiernos que han jurado ajustarse a las normas y a los estándares internacionales le darán cumplimiento al acuerdo. Me parecería suicida que no lo hicieran.

Tengo la total tranquilidad de que estamos con una Jurisdicción Especial para la Paz que está cumpliendo bien su función. Resultaría insensato y realmente no creíble cualquier gesto hacia el futuro dirigido a la supresión de la JEP. Nueve millones de víctimas en Colombia se resistirían a la mutilación del órgano de justicia que lucha justamente contra la la impunidad.

Infobae Colombia: ¿Cómo toma el respaldo de líderes de opinión que ubican a la JEP como la segunda entidad más confiable del país?

EC: Es muy estimulante para la Jurisdicción Especial para la Paz. Se trata de una encuesta muy técnica de alto nivel que concentra las personas que ante la opinión pública ejercen un mayor liderazgo y tienen mayor incidencia y por consiguiente tienen todos los elementos de juicio para emitir una opinión debidamente sustentada.

Estar en el segundo puesto después del Banco República para una jurisdicción que lleva apenas pocos años que se instaló en el año 2018, es un paso muy avanzado y nos ha estimulado muchísimo y nos compromete aún más.

Infobae Colombia: En esa encuesta, junto a la JEP también aparece la Corte Suprema y la Corte Constitucional. ¿A qué cree que se deba ese respaldo de los líderes de opinión al poder judicial, incluso por encima del Ejecutivo y el Legislativo?

EC: Yo creo que la justicia colombiana, en el contexto de América Latina, es una una justicia que se ha caracterizado por su independencia y por su autonomía. Súmele el marco constitucional de la Constitución de 1991, una constitución que plasma los derechos fundamentales, y súmele el acuerdo de paz sobre lo que tiene que ver con los derechos de las víctimas. Evidentemente allí la Judicatura, trátese de la justicia ordinaria, justicia constitucional y la JEP, tienen un mandato para concretar una serie de normas que sin duda alguna son las que exigen las personas titulares de los derechos y las propias víctimas.

Cuando observan que eso se ha venido cumpliendo, pues es claro que se trata de una actuación que recibe un apoyo ciudadano y que tal vez contrasta con otros órganos del Estado que puede ser la administración pública que no satisface en estos requerimientos profundos del pueblo colombiano.

Infobae Colombia: ¿Cuál es el reto más grande que tiene la JEP en este momento?

EC: El reto de la JEP es siempre constante y tienen que ver con su misión: investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos en el en el conflicto. Estos primeros 7 macrocasos tienen que conducir a avances sostenibles en términos de imputaciones y de setencia.

Se abrirán otros macrocasos en los próximos meses con el objeto de completar una investigación muy a fondo que se ha hecho sobre grupos armados. La experiencia que ha logrado la JEP con los primeros macrocasos han ofrecido una posibilidad invaluable de conocer a fondo el conflicto y la forma de cómo se organizaban y se estructuraban las Farc en los territorios. También de las políticas de la fuerza pública y la inserción de terceros.

El país va a conocer mucho más sobre lo que pasó durante el conflicto armado interno.

Infobae Colombia: ¿Qué es lo más crudo que ha tenido que presenciar en la JEP?

EC: Para los magistrados y los magistrados ha sido impactante conocer a fondo, como lo estamos conociendo, ver tantas víctimas durante tantos años y al mismo tiempo ver que en el pasado no tenían acceso a la justicia.

Sabemos que lo peor de las sanciones adversariales y no adversidades son hechos dolorosos que tienen que conocer no solamente las víctimas sino todo el país. Cuando la comunidad internacional apoya a la jurisdicción, no crea que se trata de un gesto gratuito es que son delitos de lesa humanidad, que trascienden a las propias víctimas.

Yo creo que por eso esa esa verdad judicial es tan necesaria, pero es una verdad que no la podemos ver en términos de una justicia vengadora sino en una justicia que a través de la verdad, la función de responsabilidad y también las penas de prisión busca en lo posible construir un tejido social roto.

Es muy doloroso ver eso y siempre afecta nuestro ánimo, pero de otro lado eso nos determina a seguir con esa misión de hacer justicia.

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