La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) reveló en su ‘Tercer Informe de Afectaciones a los Derechos Humanos’, que el segundo y tercer trimestre del 2021 ha sido el periodo más violento para los pueblos indígenas del país.
Según la ONIC, desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre de este año (segundo y tercer trimestre), se registraron 14.270 víctimas de afectaciones a los Derechos Humanos en comunidades y pueblos indígenas colombianos.
Teniendo en cuenta las cifras, la organización calificó el último trimestre de 2021 como “el más violento con respeto a los dos anteriores”, pues en el primero se reportaron 3.774 víctimas, mientras que en el segundo trimestre fueron 631.
“El confinamiento de población indígena es la afectación que más registró casos con 10.021 personas, las cuales representan el 70,22 % de víctimas totales, indígenas que se sienten atrapados en sus propios territorios debido a los riesgos que les representa la presencia de grupos armados legales e ilegales”, indicó la ONIC.
El informe también señaló que el desplazamiento masivo forzado fue la segunda afectación más frecuente hacia los pueblos indígenas de Colombia durante el tercer trimestre, pues 3.666 indígenas fueron desplazados, lo equivalente al 25,69%.
En tercer lugar se ubicó el hostigamiento, con 163 indígenas afectados (1,14%), seguido por el reclutamiento forzado, acción que, de acuerdo con el informe trimestral presentado por la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz, tuvo un repunte en el número de casos reportados, pues en los últimos meses pasó de estar en la casilla 17 a la número 4.
”0,94%, es decir 134 indígenas reclutados), esto se explica a la denuncia presentada por parte de líderes indígenas de los resguardos Zenú y Emberá Katío, más de 130 menores de sus comunidades han sido reclutados por grupos armados ilegales en el sur del departamento de Córdoba”, detalló el documento de la ONIC.
La Organización Nacional Indígena de Colombia además señaló que, a la fecha, comunidades indígenas de los departamentos de Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y Nariño, permanecen confinadas ante la presencia de grupos armados legales (Fuerzas Militares y Policía Nacional) e ilegales (Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, Disidencias de las FARC-EP y el ELN).
Frente al panorama, la ONIC exigió y exhortó al Gobierno Nacional para que “realice las intervenciones suficientes y necesarias con enfoque diferencial indígena las cuales deben ser concertadas con nuestras autoridades tradicionales y sus organizaciones representativas,” para poner en marcha un plan de emergencia en el que se garantice la vida y la permanencia de los pueblos indígenas en sus territorios.
La ONIC además exigió al Gobierno que cumpla con los Acuerdos de Paz, especialmente su ‘Capítulo Étnico’, según lo firmado por el Estado colombiano y los exintegrantes de las extintas Farc. La organización así mismo pidió que se empezarán los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como desarticular el paramilitarismo en el país.
“Exigimos a todos los actores del conflicto armado el cese los actos de violencia, confinamiento por minas antipersona y desplazamiento de la población indígena en el país, especialmente en los departamentos de Antioquia y Chocó”, concluyó el informe de la organización.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que se advierte sobre la violación de los Derechos Humanos entre los pueblos indígenas de Colombia. El pasado 21 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas del país denunció que, debido al recrudecimiento de la violencia, la no implementación integral del Acuerdo de Paz y la ausencia del Estado, ha generado que a las comunidades indígenas vean vulnerados sus derechos.
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