JEP imparte nuevas órdenes a los organismo encargados de la protección de excombatientes

Debido al asesinato de 296 excombatientes, 21 desapariciones forzadas y 67 tentativas de homicidio desde la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la desmovilizada guerrilla de las FARC, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impartió nuevas órdenes a la Consejería presidencial para la Estabilización y la Unidad Nacional de Protección.

Así lo anunció la Sección de Ausencia de Reconocimiento del tribunal de paz luego de escuchar los informes de las Consejería, la UNP y miembros del partido Comunes, y le dio 60 días a la entidad liderada por Emilio Archila para presentar un informe que de cuenta de la coordinación de acciones necesarias para que se ajuste y apruebe el plan de protección con un enfoque de género, étnico y territorial.

“La situación es muy grave, en esa medida de ninguna manera se puede hablar aquí de mejoría de la situación. Más de 46 homicidios en 2021 es una situación gravísima. El Estado no les está cumpliendo a los excombatientes”, señaló el magistrado, Gustavo Salazar.

Asimismo, aseveró que le dijo al director de la UNP, Alfonso Martínez, que cuando se trata de vidas humanas son “irrelevantes los datos sobre el porcentaje de gasolina y viáticos utilizados por el partido Comunes”.

Por su parte, el magistrado Raúl Eduardo Sánchez preguntó a la entidad dirigida por Emilio Archila y al partido Comunes sobre la continuidad con la que se reúne la Comisión de Impulso y Verificación a la Implementación (Csivi) y cuáles son las metas de los encuentros.

A su vez, pidió claridad a la UNP con relación a qué hace falta para evacuar las 101 solicitudes de protección que no han sido resueltas, razón por la cual la Sección le ordenó a la entidad resolverlas antes de que se acabe el año, y presentar un informe con relación al cumplimiento del plan de protección que garantice la asignación del presupuesto para la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección.

“Siempre y cuando garantice la sostenibilidad de las medidas de protección individual y colectiva que se aprueben y la planta de personal administrativo que se requiera para el cumplimiento del plan de descongestión y el creciente aumento del número de solicitudes”, indicó la Sección.

De la misma manera, convocó a una audiencia reservada a la UNP y a la Consejería para revisar los casos de los excombatientes asesinados en el marco de la ruta de protección de manera minuciosa e hizo un llamado a la implementación del Acuerdo Final de Paz.

“Insisto en expresar nuestra profunda preocupación por los ataques que han sufrido ya casi 300 firmantes del Acuerdo de Paz. Se trata de una situación inaceptable cuya dinámica no pareciera tener fin, que afecta gravemente la consolidación de la paz en Colombia”, afirmó el magistrado Ramelli.

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