Detienen a ocho personas acusadas de inducir a la prostitución infantil en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación confirmó, en la noche de este 19 de noviembre, la captura de ocho personas señaladas de inducir a la prostitución en el barrio Santa Fe, en el centro de la capital colombiana.

Según manifestó el director de la seccional Bogotá de la entidad, José Manuel Martínez Malaver, se trata de miembros de “la organización criminal denominada Casa Inglesa, donde presuntamente varias personas han instrumentalizado menores de edad para la explotación sexual”.

El funcionario explicó que las capturas se registraron en el marco de una investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Estructura de Apoyo de Bogotá, en conjunto con la Policía Judicial Sijín de la capital colombiana, quienes venían siguiéndole el rastro a propietarios y administradores de establecimientos comerciales dedicados a la prostitución en esa zona de tolerancia del centro de Bogotá.

Las autoridades indicaron que como resultados del trabajo de seguimiento se logró determinar que los involucrados estaban permitiendo el ingreso de menores de edad, a cambio de dinero, para el ejercicio de actividades sexuales.

Martínez explicó que las capturas se registraron el pasado 10 de noviembre de 2021, durante el desarrollo de tres diligencias de allanamiento y registro a establecimientos comerciales de la zona. Allí, los agentes de las mencionadas instituciones llegaron con orden de captura para Juan Quintero Calderón, Norbey Ariza Zárate, Kelvin Yesid Pérez Vagas, Maria Luisa Contreras Parra, Yenny Peralta Amaya y Luis Guillermo Granados Castellanos. Además de, los ciudadanos extranjeros Keinderberth José Prieto Ollarves y Aleida Ramona Sánchez. En el operativo también se logró el rescate de una menor de edad.

“Han sido imputados precisamente por los delitos de trata de personas, que es un delito sumamente grave, que tiene una pena de 13 a 23 años; y el delito de estímulo a la prostitución de menores, que tiene una pena de 10 a 14 años”, indicó el fiscal, agregando que ninguna de las personas se acogió a los cargos.

Tras las capturas, el ente acusador llevó a las ocho personas ante el juez 28 Penal Municipal con función de control de garantías, quien terminó imponiendo siete medidas de aseguramiento carcelario. También le otorgó la libertad a Aleida Ramona Sánchez, aunque la Fiscalía ya apeló la decisión.

“Es muy importante también resaltar, y este es el mensaje que queremos dejar desde la Fiscalía y también con la Policía Metropolitana, que no se va a permitir la explotación sexual de menores ni en este sitio ni en ninguna otra parte de Bogotá, y que precisamente las personas que fueron judicializadas cumplían distintos roles criminales”, agregó.

Con lo anterior, se refirió al ya mencionado hecho de que se trataría de administradores, dueños y socios de locales comerciales en los que se adelantaban estas actividades ilegales. Se cree que todos estaban plenamente enterados de que en sus negocios trabajaban menores de edad y hasta les entregaban cédulas falsas para que continuaran en su labor.

Entre otros detalles, se conoció que para determinar toda esta información, las autoridades enviaron a una agente infiltrada, que fue quien pudo determinar cuáles eran los tres establecimientos nocturnos en los que trabajaban por lo menos cuatro menores venezolanas y tres colombianas. De acuerdo con esa funcionaria, cada una estaba obligada a atender al menos a siete hombres por noche.

Según le dijo la uniformada a Blu Radio, “Los administradores y propietarios de los establecimientos donde las niñas eran explotadas, les decían que, si se presentaba una intervención de la Policía en la zona, ellas tenían que manifestar que eran vendedoras de tinto y que, si los uniformados llegaban a preguntarles, ellas tenían en la parte interna unos carritos de tinto para que pudieran disimular”.

La agente también reveló que las niñas terminaban siendo víctimas de maltrato físico por parte de los clientes, a quienes les cobraban en promedio entre $40.000 y $45.000. La red estaba tan articulada que, “tenían personas encargadas de pasarles los preservativos a las menores, las personas que recibían el dinero después del acto sexual y las que entregaban las habitaciones”.

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