De cara a una nuevas elecciones parlamentarias y presidenciales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral solicitaron a la Corte Constitucional que la revisión del nuevo Código Electoral se tomara como una urgencia nacional.
La Sala Plena de la Corte Constitucional estableció que las próximas elecciones se pueden desarrollar con las actuales reglas electorales, que datan desde 1979, por lo que no estimó conveniente declarar este análisis como urgencia nacional.
Como según la Corte no se cumplen las causales determinadas en la ley para establecer este tema como urgencia, el plazo máximo para realizar la revisión del nuevo código electoral seguirá siendo febrero del próximo año.
Procuraduría dijo que era necesario priorizar el estudio para evitar la inseguridad jurídica
En septiembre pasado la procuradora Margarita Cabello señaló que los 276 artículos del proyecto de ley del Código Electoral Colombiano son constitucionales; sin embargo, solicitó que algunas de sus expresiones sean precisadas para garantizar la equidad de género y el debido control disciplinario de los funcionaros de elección popular.
En concepto enviado a la Corte Constitucional, la jefa del Ministerio Público señaló que la inscripción de listas de candidatos establecida en el proyecto de ley no debe depender del número de curules a proveer, “sino que en todos los casos sea del 50 % para avanzar en la paridad”.
Agregó que es necesario adecuar algunos puntos del proyecto de ley para garantizar el debido control disciplinario y de esa forma que las personas que lleguen a esos cargos públicos de elección popular tengan la mayor probidad. En ese sentido, pidió que se permita la revocatoria de las inscripciones de candidatos sancionados disciplinariamente.
Indicó que el proyecto de ley constituye una actualización de la normatividad electoral, que se ajusta al contexto participativo actual y a los adelantos tecnológicos que permiten realizar elecciones seguras, accesibles, transparentes y legítimas.
El proyecto de ley estatutaria “contiene una regulación integral del derecho constitucional a elegir y ser elegido, las funciones de las autoridades y de los particulares en materia electoral, y los procedimientos correspondientes, que, en términos generales y salvo precisas excepciones, la Procuraduría considera acorde con los mandatos constitucionales”, sostuvo Cabello Blanco.
Hace un par de días la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Doris Méndez y el registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega, se unieron a la petición de la Procuraduría General de la Nación.
“La organización electoral tiene fundada expectativa en que la aplicación del precitado Código Electoral de manera decisiva contribuirá aún más a que se cumpla un certamen electoral transparente, con amplia participación y con respeto de la voluntad democrática de toda la ciudadanía, sin afectar las etapas o procedimientos de los calendarios electorales establecidos para las elecciones del Congreso y del Presidente de la República en el año 2022″, manifestaron los funcionarios en un documento que hicieron llegar al magistrado Jorge Ibáñez.
A su vez, el magistrado argumentó que priorizar el estudio era una urgencia nacional debido a lo “obsoleto” del código que se ha manejado hasta el momento. Sin embargo, la Sala Plena no apoyó la ponencia.
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