Para continuar con las labores de identificación de 140 restos humanos, que corresponderían a víctimas del conflicto armado en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) extenderá por seis meses más las medidas cautelares en el cementerio Universal de Medellín.
En la emisora RCN Radio informaron que así lo estipuló la Sala de Ausencia de Reconocimiento del tribunal de justicia transicional, ya que todavía les falta inspeccionar zonas del campo santo, tras iniciar este proceso desde julio del año pasado, y donde ha realizado labores en seis de los ocho puntos que establecieron para ese fin.
En el medio radial indicaron que la exploración en esos puntos han tenido retrasos debido a que tienen problemas con la entrega de información por parte de las entidades que están vinculadas en estas labores.
Destacaron también que hubo tropiezos como la falta de protocolos de necropsia por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, a lo que se sumó la desorganización en los expedientes del cementerio.
“No existe certeza de que Medicina Legal haya enviado la información que le fue ordenada remitir con el fin de establecer la procedencia de los cuerpos no identificados ya ubicados o que en el futuro se encuentren en el cementerio (...) Al mismo tiempo que, de acuerdo con el informe presentado por la Unidad de Investigación y Acusación, esta comenzó a llevar a cabo sus actividades de intervención sin contar todavía con esa información”, citaron en RCN de lo que dijo la JEP.
Entre tanto, en Caracol Radio recordaron que la JEP había decretado las medidas cautelares en este cementerio para evitar que se llevaran a cabo exhumaciones, inhumaciones y traslados porque se presume que allí se encontrarían los restos de personas que fueron desaparecidas en la Comuna 13.
En su momento, la JEP había establecido que sus labores la realizaría en las zonas 20, 21, 22, 23, 24, 26 y 29 a través del Auto AT-110 de 2020 por un periodo de 120 días.
“El Cementerio Universal por muchos años ha sido el lugar de inhumación de hombres y mujeres de escasos recursos económicos o no identificados, cuya muerte se produjo en todo tipo de circunstancias, incluyendo el conflicto armado”, explicaron.
De hecho, en julio del año pasado tuvieron que ordenar a la Alcaldía de Medellín que reparara un muro perimetral del cementerio, ya que generaba un riesgo físico que podría haber comprometido la conservación de los restos inhumados.
Además, la JEP encontró otras irregularidades en el manejo de los despojos mortales: “Se ha hecho entrega de cuerpos a instituciones educativas para efectos de investigación, sin que pueda descartarse debidamente que allí se encuentran cuerpos no identificados de personas que fueron víctimas del conflicto armado y, particularmente, del delito de desaparición forzada. Así lo pudo corroborar la JEP en las diligencias realizadas en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia, donde ya se tomaron medidas cautelares, y donde se encontraron cuerpos provenientes del cementerio Universal, cuya muerte fue por lesiones de causa externa, en forma violenta”.
En el tribunal de justicia transicional indicaron también que este proceso se realizaba para alcanzar los objetivos del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición.
“Estas decisiones se tomaron en el marco de las medidas cautelares que la JEP ha empezado a decretar en 16 zonas del país, donde podría haber cuerpos de personas desaparecidas en el conflicto armado”, concluyeron.
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