“El Estado colombiano y el gobierno de Duque permanecen indiferentes y sin empatía social”: obispo de Quibdó

El obispo de Quibdó, monseñor Juan Carlos Barreto, denunció este jueves que el Estado Colombiano y el gobierno de Iván Duque “permanecen indiferentes y sin empatía social” frente a la grave emergencia humanitaria que se presenta en el departamento del Chocó y el occidente Antioquia.

Así lo anunció esta tarde en la Conferencia Episcopal de Colombia durante la presentación de un informe que evidencia el trabajo realizado por 11 misiones humanitarias, conformadas por organizaciones sociales, organismos internacionales y miembros de la Iglesia católica, que evidencian la ausencia estatal y el recrudecimiento de la violencia en estos territorios del Pacífico colombiano.

“Hay abandono estatal en todos los niveles e instancias. Pues el Estado colombiano no garantiza los derechos básicos en materia de salud, educación, vivienda digna, productividad y mercadeo, recreación y deporte, seguridad alimentaria y servicios públicos. En esta perspectiva se puede afirmar que el Estado es el principal victimario en estos territorios”, aseveró monseñor Barreto.

En ese sentido, señaló que existe una presencia ineficaz por parte de la fuerza pública para llevara a cabo un adecuado control territorial de estas poblaciones, en las que conviven comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y que en algunos casos “configura en claras situaciones de connivencia con el Clan del Golfo, considerada la mayor banda criminal y narcotraficante del país.

Asimismo, indicó que para los habitantes de estos territorios esta crisis humanitaria no es nueva, bien sea producto del conflicto armado, de los desastres naturales y afectaciones por el cambio climático, o como consecuencia de políticas públicas e “imposición de megaproyectos económicos, especialmente mineros, equivocados e inconsultos, que han provocado conflictos y crisis sociales”.

“Los hallazgos identificados en las misiones humanitarias coinciden con las denuncias y los pronunciamientos realizados por organizaciones como las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, Indepaz y HRW, también han sido temas de denuncias recurrentes por parte de la mesa departamental indígena del Chocó, la OIA, la iglesia católica y otras iglesias”, señaló el obispo de Quibdó.

Según identificaron los miembros de la misión humanitaria que visitaron más de 11 municipios de esta región, los habitantes padecen amenazas contra líderes y comunidades, limitación de la movilidad y de la productividad, violación de la autonomía territorial de las comunidades étnicas, desplazamientos forzados individuales y masivos, confinamientos, violencia sexual basada en género, reclutamiento forzado de menores e instalación de minas antipersona.

Asimismo, se identificó un permanente enfrentamiento entre actores armados, especialmente entre miembros del ELN y el Clan del Golfo, aunque también empieza a verse una presencia incipiente de las disidencias de las FARC, la disputa territorial se centra en el control de las rutas del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el tráfico de armas y el posicionamiento frente a actuales y futuros megaproyectos.

“Todo lo anterior está destruyendo los tejidos culturales, organizativos y comunitarios y sometiendo a las comunidades a la hambruna y a la exposición del exterminio físico y cultural. La vida de las comunidades, negras, indígenas y campesinas está en alto grado de riesgo. En general, las comunidades experimentan altas y complejas afectaciones psicosociales tales como temor, abandono, tristeza, angustia e incertidumbre”, concluyó monseñor Juan Carlos Barreto.

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