Radicaron en el Congreso el proyecto de ley de seguridad ciudadana que aumenta las penas por hurtos, porte de armas y la reincidencia en delitos

En la noche de este miércoles fue radicado en el Congreso de la República el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana con el que se busca contrarrestar las acciones de delincuencia en el país y que se agravaron en las grandes ciudades del país tras la emergencia sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus sars-cov-2.

En el periódico bogotano El Tiempo indicaron que el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, fue el funcionario encargado de entregar ante el Legislativo el documento que elaboraron, meses atrás, entre los ministerios de Defensa y del Interior para fortalecer las herramientas jurídicas para enfrentar a los criminales en el país dentro del Código Penal, el de Procedimiento Penal, y el de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el antiguo Código de Policía.

La emisora Caracol Radio destacó que la radicación del proyecto de ley se realizó con mensaje de urgencia y se puedan agilizar los cuatro debates que tiene que surtir en el Senado y la Cámara de Representantes, por lo que se espera que en las comisiones primeras se realicen las discusiones correspondientes, y que la primera se lleve a cabo mediante una sesión conjunta. De ser aprobado el texto, reseñaron en la emisora, quedaría en manos de las dos cámaras.

El Tiempo explicó que se contempla con el proyecto de ley que contrarrestar la reincidencia y en el Código Penal se incluiría como agravante que los procesados se les haya condenado en los cinco años inmediatamente anteriores por delitos dolosos.

Se elevarían a delito, explicaron en el diario bogotano, la intimidación y amenaza con armas de fuego, pero también donde se usen cuchillos, machetes y otras armas blancas o hechizas. La pena en estos casos sería de 48 a 72 meses, y sería también un agravante de los delitos que se cometan con ellas.

“La intención del Gobierno, en conjunto con el Congreso, alcaldes y gobernadores, es trabajar en un texto que permita fortalecer las sanciones en materia penal para el hurto, las lesiones personales, el daño en bien ajeno, el homicidio; verificar y fortalecer la medida de aseguramiento, el Código de Policía y la restricción para el porte de armas traumáticas”, dijo en Caracol Radio el ministro del Interior Daniel Palacios.

En el medio radial además señalaron que se busca incrementar las penas para los criminales que atenten contra la vida o la integridad de los miembros de la Fuerza Pública.

“Tendrá la mayor sanción posible del Código Penal, llegando a los 60 años de cárcel, 58 si son mujeres. (Las lesiones personales) no serán un delito excarcelable, y llevará una condena de entre 4 y 17 años de prisión”, agregó Palacios en declaraciones a la citada emisora.

El proyecto también incluyó a las armas ‘no letales’ y se considera como situación de peligro para la comunidad su uso, junto con el de las convencionales.

La iniciativa desde ahora plantea controversias, ya que se contempla convertir en agravante el uso de máscaras, capuchas o todo aquello que oculte la identidad de quienes perpetren la perturbación del servicio de transporte público. Lo mismo ocurriría si quien comete dicho delito es funcionario público o instrumentaliza a menores de edad, indicaron en El Tiempo.

En esa publicación el ministro de Defensa, Diego Molano, afirmó que con esta iniciativa se pretende también combatir el vandalismo.

“Lo que vimos del 28 de abril hasta junio de este año es una situación que los colombianos no quieren volver a vivir que si alguien destruye una estación del Mio o del Transmilenio, no le pase nada. Los colombianos no quieren volver a vivir que alguien busque incendiar la Fiscalía, como sucedió en Popayán, y no le pase nade”, sostuvo el funcionario en El Tiempo.

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