Indígenas Embera en el parque Nacional: Distrito denunció afectación a niños, intereses políticos y exigencia de contratos

Los indígenas Embera asentados en parque Nacional en Bogotá completan casi dos meses viviendo en condiciones precarias. Los diálogos para su reubicación no avanzan porque, según denunció el Distrito, los voceros no representan a la comunidad, tienen intereses políticos y exigen contratos en dinero; mientras la salud de los más vulnerables continúa en riesgo.

“La Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría Distrital de Gobierno y Garantía de Derechos hemos evidenciado que voceros políticos han condicionado el avance en los diálogos para la comunidad Embera que ocupa el parque Nacional a contratos con el distrito y financiación de ollas comunitarias”, afirmó el subsecretario de Gobierno Daniel Camacho.

De acuerdo con las denuncias que elevó a nombre de la administración distrital, en el asentamiento improvisado del parque Nacional hay 290 niños y niñas en condiciones en las que se pone en riesgo su salud y su vida, así como el acceso a educación. De esos menores, 29 han necesitado atención médica y cuatro permanecen hospitalizados. Hay 26 mujeres en embarazo y en los 50 días que lleva la toma del espacio la Secretaría de Salud ha atendido tres partos.

Camacho remitió la denuncia escrita al comandante Jaime Humberto Gómez Bohórquez, jefe de Policía de Infancia y Adolescencia, para que verifique las condiciones de los menores en el parque Nacional y se amparen sus derechos. En el documento, agregaron que no tienen condiciones de alimentación, cuidado y se les impide acceder a la oferta distrital.

El Distrito asegura que ha establecido cinco mesas de diálogo, en las que se han propuesto dos posibilidades para su traslado, una en la Unidad de Protección Integral en el parque La Florida donde cuentan con todos los servicios de alojamiento, alimentación, salud, agua potable y energía, y además los menores tienen acceso a educación y recreación, entre otros. La otra es un inmueble de la Empresa de Renovación Urbana (ERU) ubicada en la localidad de Santa Fe que se acondicionaría para que pudieran recibir los servicios básicos esenciales.

Sin embargo, los ofrecimientos han sido rechazados por los voceros indígenas, según Camacho, “por cálculos políticos, el no rotundo por intereses personales, el no rotundo desconociendo que hay unas afectaciones en materia de derechos hacia los niños que es lamentable, cruel, deplorable”.

En respuesta, el pasado 7 de noviembre el Distrito asegura que recibió un correo electrónico en el que solicitan 12 contratos de prestación de servicios por valor de 114 millones de pesos para ellos mismos y la financiación de 4 ollas comunitarias por valor de 104 millones, para un total de 218 millones de pesos.

Quienes aparecen beneficiados por los contratos, según dijo Camacho, la mitad no ha participado en las mesas de diálogo y la otra mitad lo ha hecho de manera esporádica. Todos exigen contratos por valor entre 5 y 4 millones de pesos para cada uno de ellos.

Ninguno de ellos pertenece a la comunidad Embera, de acuerdo con la Secretaría de Gobierno. En el listado aparece, por ejemplo, María Violet Medina Quisque, quien ha sido vocera de la comunidad y actualmente ejecuta dos contratos, uno con la Secretaría de Educación y otro con la Subred de Salud Suroccidente y exige otro más. También se encuentra Jairo Montañez, esposo de Quisque, quien espera un contrato por 4 millones de pesos.

“Sus preferencias están enfocadas en lo político, en el partidismo político, apoyos a diferentes partidos políticos como lo podemos apreciar, quieren hacer parte del debate y de la controversia actual que se genera con ocasión de los escenarios partidistas y políticos, pero no encontramos una seria preocupación hacia los derechos de los niños”, señaló Camacho.

La propuesta de las ollas comunitarias fue para la realización de cuatro de esos eventos, con capacidad para 1.300 personas, más de las que se encuentran asentadas en el campamento del parque Nacional, por un valor que alcanza 26 millones de pesos cada una.

El subsecretario de Gobierno aseguró que no aceptarán condicionamientos a la aceptación a las ofertas del Distrito porque “están calculados políticamente y económicamente” y no van a permitir que se instrumentalice a los niños para réditos políticos. Por lo cual extendieron la denuncia también al ICBF este miércoles.

“Seguimos abiertos a las mesas de diálogo, mientras la Unidad de Víctimas del Gobierno Nacional hace su proceso de reubicación o retorno a sus lugares de origen, pero nunca vamos a ceder a exigencias de contratos ni actividades donde se instrumentalicen a los menores, ni a chantajes durante el proceso”, agregó el Distrito.

Los indígenas llegaron a la ciudad desplazados por la violencia que se vive en sus territorios y aún no tienen garantía para el regreso a sus viviendas originales. En la ciudad recibieron ayudas para pago de arriendos, que se terminaron y se vieron obligados a tomarse el espacio público. Se alimentan en ollas comunitarias y los niños se bañan en la pileta del parque. Recientemente, las fuertes lluvias de la capital provocaron una inundación en el cambuche.

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