Incineran las camionetas de seguridad de varios excombatientes de las Farc

En la tarde de este jueves 18 de noviembre, seis camionetas que hacían parte del esquema de seguridad de varios firmantes de paz que habitan entre el Meta y Caquetá fueron incineradas.

El Sindicato de Trabajadores de la Seguridad y la Protección por la Paz (SINTRASEPAZ) informó que los mismos escoltas de los excombatientes de las Farc presenciaron los hechos y que están a salvo.

“Informan compañeros escoltas que fue incinerado el esquema colectivo asignado a excombatientes que habitan el ETCR Playa Rica, en límites entre San Vicente del Caguán Caquetá y La Macarena Meta”, señaló el sindicato.

Por su parte, la senadora de Comunes Sandra Ramírez comentó en su cuenta de Twitter: “Escoltas del esquema de seguridad asignado a firmantes de paz en el ETCR Playa Rica, en límites entre San Vicente del Caguán y La Macarena, denunciaron hoy que sus vehículos fueron quemados. ¿Este es el apoyo a la paz que Duque le vende al mundo?”.

En su versión inicial, el personal adscrito a la UNP indicó que a la altura del sector conocido como Las Damas, repentinamente fueron abordados por hombres armados pertenecientes al Grupo Armado Residual, estructura Jorge Briceño Suárez, quienes les despojaron de sus chalecos antibalas y armas de dotación, para luego proceder a incinerar los cuatro vehículos de dos esquemas colectivos y dos esquemas individuales asignados. Los vehículos tan solo transportaban personal adscrito a la UNP, pero ninguno de los beneficiarios protegidos.

Dice el Ejército sobre este ataque, que en el ETCR Yarí y sus inmediaciones, las Fuerza Militares ejercen el control territorial con tropas del Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea a través de operaciones conjuntas desde el Comando Específico del Caguán, coordinadas con la Policía Nacional, Unidades de Carabineros UBICAR, e interinstitucionales con la UNP y demás autoridades.

Seguridad de excombatientes en audiencia de la JEP

Precisamente este mismo jueves, ante la JEP, se llevó a cabo una audiencia de seguimiento a las órdenes que impartió el tribunal al consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilia Archila y al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Alfonso Campo, de proteger la vida de los excombatientes.

Con corte al 15 de septiembre de 2021, han sido asesinados más de 296 excombatientes, resaltó el tribunal de paz que se mostró preocupado porque la violencia contra los firmantes de paz no cesa en el país.

“De ellos, 286 son hombres y 10 son mujeres, de los cuales más de 46 fueron asesinados este año, hubo 69 tentativas de homicidio y más de 45 desapariciones después de la suscripción del Acuerdo Final”, señaló el magistrado Alejandro Ramelli frente a esa cifra.

Por su lado, la magistrada Reinere Jaramillo, señaló: “La prioridad debe ser la protección y seguridad de los excombatientes, de las comunidades afectadas por el conflicto, de los líderes sociales y de los defensores de los derechos humanos”.

Según la magistrada Jaramillo, uno de los desafíos más grandes que enfrenta la implementación del Acuerdo Final es el cumplimiento de las garantías en materia de seguridad, protección y reincorporación ciudadana para aquellas personas que tomaron la decisión de dejar las armas.

Por el lado del gobierno, Carlos Caycedo, consejero presidencial adjunto, explicó: “Se acordaron 12 programas que se concretan en 20 estrategias que señalan concretamente los objetivos para lograr criterios y agrupar las acciones de la entidad. El plan fue adoptado el 31 de marzo de 2021″.

Contó que se creó un subcomité para generar un capítulo específico sobre tolerancia, no violencia y no estigmatización en el proceso electoral que en este contexto ayuda a reforzar las acciones que corresponden al área de prevención y no estigmatización de los excombatientes.

Alfonso Campo, director de la UNP, dijo ante la JEP que se ha venido garantizando la protección de la población en reincorporación de acuerdo con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz. Anunció que, a 2021, la Unidad cuenta con 1.698 hombres de protección, y ha contratado 586 de los 686 sugeridos por la Jurisdicción para la protección de los excombatientes de las Farc-EP.

Mientras que Héctor Hernández, vocero del partido Comunes, insistió en que el plan no cumplió con la concertación y consenso con la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, y la agenda que planteaba el gobierno no era propositiva frente al diagnóstico de seguridad.

“Consideramos que el plan expedido no contiene acciones, presupuesto, temporalidad de formas de seguimiento, indicadores o impactos esperados. El plan no cumple con los términos requeridos por la orden judicial”, dijo el vocero.

SEGUIR LEYENDO: