Corte Constitucional admitió demanda de concejales contra algunos puntos del POT de Bogotá

Este 17 de noviembre se conoció un grupo de concejales de Bogotá interpusieron una demanda ante la Corte Constitucional para que este alto tribunal estudie una serie de artículos del Plan de Ordenamiento Territorial (POTO) que presentó Claudia López y que está a punto de aprobarse.

La demanda solicita que se revisen los temas de división de localidad, o UPL, que se hará por medio del POT y de las vigencias futuras.

Esta acción judicial fue instaurada en septiembre y hasta ahora fue aceptada por el alto tribunal para ser estudiada con el objetivo de que sea declarada inconstitucional, sobre todo los artículos 6 y 14, de la recién aprobada Ley 2116 de 2021 que modificó el Estatuto Orgánico de Bogotá.

Se espera que quede sin efectos la reforma que le resta competencias al Concejo de Bogotá sobre las decisiones que puede tomar el órgano frente a vigencia futuras y la creación de localidades por medio del POT.

“De manera que no se puede restringir la posibilidad de las corporaciones políticas, como el Concejo de Bogotá, de ejercer sus competencias relacionadas con temas presupuestales, como es el control y debate sobre las vigencias futuras”, se puede leer en el documento presentado ante la Corte Constitucional.

Los concejales insisten en que existe una omisión legislativa con la prohibición de tramitar vigencias futuras sobre proyectos que, “no estén contemplados en el Plan de Desarrollo respectivo”.

Por ahora, la Corte admitió tres de los cuatro cargos de inconstitucionalidad, los cuales tendrán que ser estudiados de fondo.

La acción fue interpuesta por los cabildantes Lucía Bastidas (Alianza Verde), Emel Rojas (Justa Libres), Heidy Sánchez (Colombia Humana), Carlos Carrillo (Polo) y Andrés Forero (Centro Democrático).

El Espectador habló con la concejal Bastidas, quien afirmó que la modificación que se pretende hacer del artículo que busca agregar más localidades atenta “contra la democracia, la descentralización, la participación y la prevalencia del interés general sobre el particular y otros derechos constitucionales como la libertad de conciencia y expresión, ya que resulta ser una imposición no poder votar negativo, ya que el legislador, de manera unilateral, sin justificación alguna y en contra de la Constitución Política, desea que la división sea la que se adopte en el Plan de Ordenamiento”.

Sobre el artículo que establece que el distrito no tendrá que pasar por el Concejo para la aprobación de vigencias futuras, los cabildantes argumentan que no se les pueden negar sus competencias.

“No se puede restringir la posibilidad de las corporaciones políticas, como el Concejo de Bogotá, de ejercer sus competencias relacionadas con temas presupuestales, como es el control y debate sobre las vigencias futuras”, finalizaron para ese diario los concejales.

Continúan las críticas sobre la implementación del POT (Plan de Ordenamiento Territorial) en Bogotá. La alcaldesa de la ciudad, Claudia López, a través de su cuenta de Twitter, defendió el proyecto y respondió a las críticas que, particularmente, le ha venido haciendo la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol). Argumentó que el plan debe aplicarse para pagar la ‘enorme deuda social’ que existe con la mayoría de ciudadanos de la capital, y que Camacol debe alejarse de sus intereses particulares.

“El POT es para pagar la enorme deuda social con las mayorías, hacerles vivienda digna con infraestructura social, económica y de movilidad limpia y adaptarnos al cambio climático. Todos deben ceder parte de sus intereses particulares y ser parte de ese acuerdo colectivo de ciudad”, comentó López en sus redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: