Carlos Mattos ya está en Colombia: deberá responder en dos procesos judiciales

Autoridades judiciales y de migración de Colombia confirmaron, en la noche de este 17 de noviembre, la llegada al país del controvertido empresario cesarense Carlos Mattos, acusado de sobornar a jueces de la República para que fallaran en repetidas ocasiones a su favor en un proceso jurídico para quedarse con el negocio de Hyundai en el territorio nacional.

El empresario, quien salió en un vuelo comercial a las 10:10 a. m. hora colombiana, viene acompañado por un médico debido a sus complicaciones de salud. “Desde el 2018 estaba siendo buscado mundialmente, con circular azul y roja. Se cumple la extradición”, expresó el director General de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas Valencia.

Las autoridades de España, país en el que se encontraba precisamente desde 2018, señalaron que si es condenado en Colombia, el empresario, quien tiene doble nacionalidad, podría pedir que su condena se cumpla en el país europeo. Por su parte, la defensa pediría prisión domiciliario mientras sigue el proceso judicial.

El mismo, valga recordar, estalló luego de que se determinara que Mattos pagó al menos $2.600 millones a dos jueces de Bogotá y varios funcionarios de la rama judicial, para conseguir que fallaran medidas cautelares a favor de la empresa Hyundai Colombia Automotriz, presidida por el empresario. Mattos cometió el mismo delito una segunda vez con el mismo objetivo.

Dicha empresa controlaba la venta de los vehículos de la marca surcoreana en Colombia hasta 2016, año en que el fabricante le otorgó los derechos a Neocorp, filial colombiana de NeoHyundai, que a su vez hace parte del grupo empresarial Eljuri, uno de los conglomerados más poderosos de Ecuador. El último también es dueño desde 2001 de la importadora MetroKia, encargada de dicha marca en territorio colombiano; y de JAC desde 2013.

Su apropiación de Hyundai resultó en un duro pleito con Mattos, quien comenzó por denunciar a dicho grupo ante Superintendencia de Industria y Comercio, pero continúo sin soltar la tenencia de la representación de Hyundai, a punta de sobornos y jugadas judiciales.

En primer lugar, Mattos habría pagado al menos $2.500 millones entre 2015 y 2016 a varios funcionarios judiciales y al juez Reinaldo Huertas para que desviaran una demanda en contra de Hyundai hacia el despacho de este último, para que el mismo fallara medidas cautelares a favor del primero y ordenara que el fabricante surcoreano no pudiera hacer negocios en Colombia con nadie diferente.

Cuando el caso avanzó y Neocorp continuó buscando la representación de la marca automotriz en Colombia, Mattos respondió con un nuevo juego de tutelas, para que la jueza Ligia del Carmen Hernández ordenara inspeccionar una filial de su competencia. Para ello, le pagó por lo menos $100 millones. No obstante, esta última fue descubierta por la Fiscalía y en 2019 recibió una condena de dos años de prisión.

Tras esto vinieron una serie de pujas para concretar su extradición, que finalmente fue aprobada por primera vez en febrero de este año y retrasada en múltiples ocasiones tanto por recursos interpuestos por la defensa del empresario, como por quebrantos de salud que el mismo ha venido experimentando.

Todo cambió el pasado 6 de octubre cuando las autoridades del país europeo finalmente dieron captura cuando se aprestaba a comparecer en una citación en la Audiencia Nacional de España. Así, y con todo el papeleo aprobado desde inicios de año, la justicia española terminó la luz verde final para el traslado a Colombia el 3 de noviembre.

A su llegada al país, se conoció un video difundido a través de redes sociales en el que se observa a Mattos saliendo del avión mientras asegura repetidamente que, “quieren matarme. Colombia entera sabe quienes son, quienes están detrás de mí. El mundo entero lo sabe”.

A pesar de esa denuncia, el empresario deberá permanecer en el país hasta que se cumpla su proceso judicial. Para ello, será presentado ante un juez de control de garantías en las próximas horas. Este determinará, entre otras cosas, si es recluido en un centro penitenciario o si, como pide su defensa, se le concede la detención domiciliaria.

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