JEP pide a expertos su concepto sobre si mantiene imputación de esclavitud contra Farc

A comienzos del mes de noviembre la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), presentó varias modificaciones que se le hicieron al macrocaso 01, que pasa de llamarse “toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad” a “toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP”.

En este documento la JEP acogió una serie de recomendaciones que entregó la Procuraduría General de la Nación meses atrás, para que dentro de este caso se establezca la imposición de trabajos forzados por parte de las víctimas como un crimen de lesa humanidad de esclavitud. Por lo que en el documento final quedo como conclusión que las extintas Farc obligó a varios de sus secuestrados a realizar trabajos forzados a su favor durante su cautiverio.

Ante las acusaciones y las modificaciones hechas los ex-Farc anunciaron que no comparten la nueva calificación. “Hemos decidido interponer los recursos que contempla la ley y el Acuerdo”, expresaron y añadieron “Sería faltar a la verdad y quedar en deuda con la historia permitir que se imponga la narrativa de que las Farc fue una organización esclavista”.

Ahora, tras la polémica que se creo donde algunas personas aplauden los señalamientos y otras lo rechazan, la W Radio dio a conocer este 17 de noviembre, que el mecanismo creado por el acuerdo de paz decidió pedir ayuda a por lo menos 18 organizaciones y facultades de universidades con expertos en el tema, para que den su concepto sobre la calificación dada a esos crímenes y así decidir si mantener el último documento o volver hacer las modificaciones correspondientes.

Según se dio a conocer algunas de las instituciones y organizaciones que darían su concepto serán: la Universidad de los Andes, Universidad Javeriana, Universidad de Essex en Inglaterra, así como las universidades de Pensilvania y Yale en Estados Unidos y otros centros de estudio. Por parte de las organizaciones fueron convocados el Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ), DeJusticia y otras plataformas.

Es importante aclarar que pese a que el organismo pidió su concepto algunas organizaciones y universidades, este proceso esta abierto para que los expertos y estudiosos que deseen participar lo hagan sin ninguna restricción.

Para que los conceptos que otorguen los expertos vayan en la misma línea la Jep, formuló dos preguntas fundamentales: 1. ¿La imposición de trabajos forzados por parte de las extintas Farc-EP en el cautiverio podría configurar el crimen de lesa humanidad de esclavitud? y, 2. ¿La imposición de trabajos forzados en el marco del cautiverio podría configurar el crimen de lesa humanidad de esclavitud, además de constituir el crimen de guerra de toma de rehenes o del crimen de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad?

Recordemos que el último documento para exponer la tesis de que los secuestrados eran obligar a realizar trabajo forzado, la sala de Reconocimiento, puso de ejemplo algunos casos. En el primero, la JEP consiguió el testimonio de dos víctimas del Bloque Sur que fueron castigadas por no pagar las sumas impuestas por la guerrilla, por lo que fueron privadas de la libertad y obligadas a trabajar forzadamente. Otro fue el caso de una enfermera del Hospital de Miraflores (Guaviare) obligada a desempeñarse como tal en combate y en curación de heridos de las Farc.

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