Hidroituango podría comenzar a generar energía en el segundo semestre de 2022

Mientras el drama alrededor de los contratistas de Hidroituango sigue desarrollándose, la empresa que lidera el proyecto, EPM, avanza por su lado con el replanteamiento del cronograma para las siguientes etapas del mismo. Una parte de este fue dada a conocer este martes, en el marco de un foro dedicado a la hidroeléctrica y lo que la rodea.

Al menos así lo explicó el vicepresidente de Proyectos de Energía de dicha organización, William Giraldo, quien aseguró que, “El avance del proyecto está en 85.8 %, y esperamos que el primer generador de energía este listo para julio del próximo año, mientras que el segundo estaría en septiembre u octubre de 2022″.

Tras esos sistemas, que corresponden a las unidades 1 y 2 del proyecto, el ejecutivo aseguró que se espera la entrada en operación de las 3 y 4 para 2023, mientras que las 5, 6 y 7 harían lo propio en 2024. La última, la 8, entraría a funcionar hasta 2025.

Al concentrarse en las que serán las aperturas más inmediatas, Giraldo explicó que los avances más significativos tienen que ver con “los alcanzados hasta ahora en la casa de máquinas y específicamente para emprender las tareas del montaje de las unidades 1 y 2, luego de la contingencia de abril de 2018 y de tener bajo el agua durante cerca de nueve meses el complejo de cavernas y todas las obras subterráneas”.

Lo que sigue, agregó, es la la instalación de los cables de potencia y el blindaje de los pozos de presión verticales de las turbinas que entrarían a funcionar el próximo año. A esto se le suma, también, la llegada y montaje de 12 transformadores de potencia que todavía no se encuentran en la casa de máquinas .

Ahora bien, todo esto dependerá de lo que suceda con la resolución 820 impuesta sobre el proyecto por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) en junio de 2018. Se trata del documento que suspendió las actividades de construcción regular luego de que la hidroeléctrica se inundara por fallas estructurales un par de meses antes.

Según explicó el vicepresidente, dicha resolución “lo que nos dice es que debemos evidenciar que la contingencia ha sido superada y que el proyecto puede operar a futuro de una manera adecuada. Ese informe lo debe elaborar un experto externo. Para eso nosotros como responsables del proyecto contratamos a la firma Pöyry, lo pagamos nosotros pero ellos son independientes y le entregan el informe a la Anla, muy posiblemente ahora en diciembre”.

Una vez la consultora especializada en ingeniería entregue su reporte, agregó, se espera que la Autoridad de Licencias desarrolle sus propios análisis, lo que debería tomar otros tres a cuatro meses. En este lapso, los expertos de ambas partes deberán relacionarse, visitar el proyecto, despejar dudas y emitir un dictamen final que Giraldo espera sea entregado entre el primer y segundo trimestre de 2022.

Si el parte es positivo, se elimina la restricción y el proyecto debería entrar en funcionamiento bajo los cronogramas ya mencionados. “Para EPM, el día que nos levanten esa resolución 820 pues cambia que fundamentalmente podemos muy posiblemente empezar a generar energía porque ya tendremos la tranquilidad de que el proyecto a futuro opera con satisfacción y tranquilidad”, concluyó el funcionario.

Todo esto se da en medio de una tormenta cuando menos confusa para el contexto del proyecto: a un mes desde que la Contraloría General de la Nación suspendiera términos en el proceso de responsabilidad fiscal por el desastre de 2018 a causa de una recusación, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, insiste en cambiar a los contratistas encargados de levantar la obra y hasta asegura que ya llegó a un acuerdo con estos para lograrlo.

Los constructores, es decir, el Consorcio CCC Ituango, sin embargo, niegan haber llegado al entendimiento, que según el mandatario es para mantener a los actuales encargados de las obras hasta que finalice la licitación, e iniciar en paralelo una nueva que sería entregada a otro grupo.

En paralelo a todo esto, el Concejo de Medellín respaldó el proyecto al aprobar las vigencias futuras que garantizan los recursos para el correcto desarrollo del mismo; mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo advirtió que un posible cambio de contratistas provocaría la salida de esa institución como inversionista de la represa.

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