El Gobierno Nacional anunció que entregará un nuevo subsidio de arriendo durante tres meses a aquellas familias que resultaron damnificadas por el paso del huracán Iota en Providencia y Santa Catalina, así lo dio a conocer la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) a RCN Radio.
Según informó la Ungrd al medio, se estima que 250 familias vivían en arriendo en el Archipiélago cuando el huracán Iota arrasó con la zona, por lo que, durante los tres meses posteriores a la emergencia, 161 de esos núcleos familiares recibieron un subsidio mensual de $800.000 pesos.
Un año después, distintas familias denunciaron que quedaron desamparadas por la emergencia, por lo que Gestión del Riesgo indicó que se volvería a entregar un nuevo paquete de subsidios para las familias que viven en arriendo.
“Sí se hará la prorroga por otros tres meses más dada la solicitud que hizo la Alcaldía a la Ungrd. En ese sentido, la entidad está pendiente de que el municipio haga la recolección de los documentos necesarios para las familias que lo requieren y proceder así al trámite administrativo”, señaló la entidad, según conoció RCN Radio.
De acuerdo con lo reportado por el mismo medio, por el momento se desconoce cuántas familias se verán beneficiadas de esa ayuda económica, pues las autoridades locales aún deben realizar el censo de las personas damnificadas que requieren esa ayuda.
La emisora bogotana igualmente conoció que, de acuerdo con Susana Correa, la encargada de la reconstrucción de Providencia y Santa Catalina, el Gobierno Nacional aún no sabe qué soluciones de vivienda le brindará a las familias que vivían en arriendo y quedaron damnificadas.
Habitantes de Providencia no creen que la reconstrucción finalice en marzo de 2022
El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, informó en días anteriores que el Gobierno ya tenía un avance del 54% en la entrega de viviendas nuevas y reparadas. De acuerdo con el funcionario, ya se habían entregado 962 casas, entre nuevas y reparadas, de las 1.787 que se determinó se darían a los habitantes de Providencia y Santa Calina afectados por el paso del huracán Iota.
Aunque el Gobierno estima que para marzo de 2022 finalicen las obras en el Archipiélago, ponen en duda esa fecha, pues han manifestado su preocupación ante la lentitud en el proceso de reconstrucción.
“La idea era construir una casa cada cuatro días, cosa que no se ha hecho, por lo que se pone en duda que la reconstrucción se vaya a concluir en marzo del 2022. El concepto de construcción ha sido de infraestructura, se han enfocado en las casas sin tener un concepto integral”, señaló a RCN Radio la periodista Amparo Pontón, quien vive en la Isla de Providencia y Santa Catalina.
En su diálogo con el mismo medio, la comunicadora agregó que también es difícil pensar que el Archipiélago este completamente reconstruido para marzo de 2022 si se tiene en cuenta que, a la fecha, solo tienen 13 aulas de clase en el colegio, cuando eran 37, los escenarios deportivos y turísticos no están completamente reparados, y los habitantes también presentan problemas con el acueducto y alcantarillado. Por ello, Pontón advirtió a la emisora que la reconstrucción de la isla podría tomar entre uno o dos años más.
De hecho, un informe de Transparencia por Colombia, aunque no estima una fecha en la que terminaría la reconstrucción del Archipiélago, si da cuenta de los atrasos que se ha tenido en el proceso. Pues según informó la entidad, ni la Ungrd, ni la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, ni la Alcaldía de Providencia, cuentan con la información suficiente del avance de los proyectos, la ejecución de los recursos públicos, las donaciones, entre otros.
“En consecuencia, de las 369 acciones que contiene el plan de acción de la reconstrucción, solo se tiene información de 215, es decir, tan sólo se conocen avances del 58% de todos los compromisos asumidos”, señaló la organización.
Ante las cifras, Transparencia Colombia hizo un llamado al Gobierno Nacional para que agilice el proceso de reconstrucción del Archipiélago, especialmente aquellas que garanticen los derechos fundamentales de los habitantes hospital, viviendas, colegios, entre otros.
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