Este viernes 19 de noviembre se vence el plazo para que la Corte Constitucional se pronuncie con respecto a la despenalización del aborto en el país. En el alto tribunal hay dos ponencias sobre la mesa que plantean un tema en común: eliminarlo como delito del Código Penal y flexibilizar los requisitos para que las mujeres tengan acceso a este procedimiento médico.

Por otro lado, se vive un álgido debate en diversos espacios de opinión, como las redes sociales. Tanto colectivos que buscan que el aborto no sea leído como un delito, como los denominados ‘provida’, han expuesto sus argumentos jurídicos, sociales, médicos y políticos, así como las implicaciones que puede tener la decisión de la Corte Constitucional en todos estos campos.

La discusión se ha intensificado en las últimas dos semanas: mientras de un lado manifiestan que se debe detener la criminalización del aborto y la persecución a las mujeres que acceden a este, del otro, afirman que en caso de que el alto tribunal de vía libre a la despenalización, se estaría violando la normatividad suprema y habría que hacer una reforma constitucional.

Laura Castro, coordinadora del colectivo Mesa por la vida y la salud de las mujeres, mencionó para Infobae Colombia las implicaciones que podría tener una decisión que no elimine el aborto como delito.

“Nosotras hemos analizado unos posibles escenarios de la Corte Constitucional, frente a la demanda que planteamos; en el caso de que decida no despenalizar el aborto, sin duda esto va a impactar la vida y la salud de las mujeres y las niñas, especialmente aquellas que tienen contextos adversos, porque ellas seguirán enfrentando las barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, hablando con esto del servicio de aborto dentro de las tres causales despenalizadas”, explicó Castro. Asimismo, mencionó la persecución de la justicia penal hacia algunas de las mujeres que han decidido abortar.

“Nosotras publicamos este año un informe que muestra cómo está operando la persecución del delito de aborto en el país, y entre los resultados más alarmantes está la criminalización hacia las menores de edad en forma desmedida por parte de la justicia penal. Por supuesto, esto deja unos impactos psicológicos al ser perseguidas por este delito, pero además hay una afectación a su proyecto de vida, porque deben enfrentar el peso de la justicia, aún cuando varias de ellas pudieron haber accedido a un servicio legal en el marco de la despenalización”, subrayando además que la despenalización hace parte de una apuesta que permite construir una ciudadanía más justa y democrática, ya que este es el único delito que es punible para las mujeres y por ende, es discriminatorio mantenerlo.

Por otra parte, Paula Guevara, activista provida e integrante de la organización Ruge Colombia -juventudes del partido Colombia Justa Libres- afirmó para este medio que, en caso de que la Corte apruebe la despenalización, dicho fallo sería inconstitucional.

“La principal consecuencia de que se despenalice el aborto en Colombia es que, pese a que lo haga la Corte Constitucional, está violando la normatividad suprema; es decir, en el país tenemos un bloque de constitucionalidad que son, básicamente, las normas internacionales que se equiparan a la Constitución en jerarquías, y a pesar de que la Corte es la que tome esta decisión, sería inconstitucional, ya que los tratados internacionales mencionan la protección del no nacido y se refieren también la defensa de la vida desde la concepción”, señaló Guevara. En ese mismo sentido, habla incluso de hacer una reforma constitucional para que sea válida la legalización de esta práctica.

“Se estaría incurriendo en un falso derecho que es el del aborto, que realmente no está reconocido ni por el bloque de constitucionalidad ni por la norma suprema. Entonces, en principio, la despenalización del aborto por esa vía tiene un vacío legal, porque tendría que hacerse primero una reforma constitucional y después de eso sí se podría hablar de una despenalización total”.

La postura que tienen los movimientos como Causa Justa es que el Congreso de la República tiene una deuda pendiente desde hace décadas con la plena protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

“Hemos identificado en el contexto de estos 15 años, apostándole a la implementación de la sentencia C-355, que el Congreso tiene una deuda de décadas y también ha fallado en su rol de proteger la vida y salud de las mujeres. A pesar de que la Corte ha reiterado que el Legislativo debe regular hacia un marco más favorable, lo que encontramos es que, desde 2006, esta corporación ha tenido aproximadamente 50 proyectos de ley en torno a la interrupción voluntaria del embarazo”, indicó Laura Castro.

Empero, desde la postura provida destacan la bancada del Congreso que apoya este movimiento y que está conformada en su mayoría por miembros de Colombia Justa Libres y el Centro Democrático; y en ese mismo orden habló sobre los mecanismos a los que ha acudido su contraparte para avanzar con la legalización.

“Los colectivos feministas han tenido que acudir a la jurisprudencia, ya que en el Congreso nunca lo han logrado. Ya se han presenciado ponencias y proyectos de ley que buscan la legalización de esta práctica, y siempre se han caído. De hecho, actualmente hay una bancada provida que defiende el derecho de los niños por nacer; entonces creo que como no podían hacerlo por la vía legislativa, que sería la idónea según nuestro ordenamiento jurídico, tuvieron que hacerlo por otro camino, saltándose el Legislativo que representa la voluntad del pueblo”

Países de América Latina como Argentina, México y Uruguay han hecho grandes avances en la despenalización del aborto, y dependiendo de la decisión que anuncie la Corte, Colombia podría entrar en esa lista de países que lo han regularizado y así lo afirma la defensa del aborto seguro y legal.

“Colombia, a comparación de esos países, está en este momento a la par frente a otras regiones que tienen el modelo de causales, pero incluso en estos se ha demostrado que dicho ejemplo de implementación legal es insuficiente porque la existencia del delito sigue actuando como una barrera estructural para la interrupción voluntaria del embarazo en mujeres. El marco legal es muy reducido, entre el 1 y el 9 % de los abortos se dan en condiciones seguras y legales, mientras que el resto están sucediendo por fuera de dicho marco y esto pone, por supuesto, en riesgo a las mujeres y su salud”.

Finalmente, Paula Guevara afirmó que el hecho de que haya un aumento en los casos de aborto a causa del paso de la clandestinidad a la legalidad es “un poco viciado, ya que si miramos las cifras del Inpec sobre las personas que han sido encarceladas por aborto, en principio son hombres”.

“El movimiento provida se ha caracterizado especialmente por hacer plantones, marchas y manifestaciones pacíficas, y lo que nosotros buscamos con esto es, precisamente, mostrar nuestra postura y que no es violenta, porque hemos visto que del otro lado sí se ve mucha violencia hacia nosotros. Al contrario, tratamos de manifestar con amor, cuál es nuestra posición y qué es lo que creemos. Llevamos ya muchos años, desde 2006, haciendo activismo incluso afuera de las clínicas abortistas, orando por ellas o dándoles otras salidas”.

Faltan menos de dos días para que se conozca una decisión, y desde Causa Justa prefieren mantener cautela. “Nosotras aún no quisiéramos darnos por victoriosas con respecto al fallo, pero sí creemos que hemos hecho un trabajo importante de movilización social y argumentación; el rol de los medios de comunicación también ha sido importante para avanzar hacia una decisión favorable”, advirtió la coordinadora de Mesa por la vida y la salud de las mujeres.

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