La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el exalcalde del municipio de San Luis, al oriente del departamento de Antioquia, Carlos Mario Gómez por la presunta celebración directa de un convenio con una entidad sin ánimo de lucro por $108,024.383 millones.
El Ministerio Público indagó a Gómez, quien se desempeñó como mandatario de esta localidad entre 2012 y 2015, por presuntas irregularidades al suscribir un Convenio de Asociación Solidario con la Asociación Comunitaria Alta Vista (ASCA), “desconociendo que esta acción era improcedente”, debido al objeto de este contrato, el valor y a que implicaba “una contraprestación a favor del ente territorial”.
“A juicio de la Procuraduría, el negocio jurídico con el objeto de aunar esfuerzos para el desarrollo del proyecto de restauración pasiva mediante el aislamiento de cerco de alambre y estacones en 96 hectáreas de zonas de sucesión natural por procesos antrópicos y educación ambiental en el municipio de San Luis, debió adelantarse mediante convocatoria pública”, indicó el ente de control.
Asimismo, se le reprochó al exalcalde de San Luis, en un segundo cargo, por supuestamente pasar por alto la aprobación de las garantías únicas de cumplimiento, las cuales le fueron solicitadas al contratista, en cumplimiento de las leyes que rigen la contratación pública en el país.
Según la Procuraduría, esta supuesta falta del exmandatario del municipio antioqueño fue calificada de manera provisional como grave cometida con culpa grave, por “inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones”.
“Para el Ministerio Público, con este posible actuar Gómez Urrea podría haber contravenido el principio de moralidad ‘que regula y garantiza la función pública, alejándose con su comportamiento de los fines estatales que buscan la garantía de los principios, derechos y deberes y la procura de una convivencia pacífica, entre otros’, indicó el ente de control.
Por último, indicó que el exalcalde podrá presentar su versión con relación a estos hechos que son objeto de investigación por los presuntos actos de corrupción, así como podrá pedir o entregar pruebas, si lo considera pertinente para solucionar el caso.
Sin embargo, esta es la segunda investigación que el órgano de control adelanta contra Gómez, debido a que el pasado marzo formuló cargos por el supuesto “fraccionamiento de contratos” con el propósito de trasladar a las selecciones que harían parte de justas deportivas e intercambios culturales.
“En primer lugar, se cuestionó al investigado porque, al parecer, habría adelantado dos contratos con el mismo objeto por valor total de $222′000.000, mediante selección abreviada de menor cuantía, a pesar de que por sus valores iniciales correspondía suscribir un solo proceso bajo la modalidad de licitación pública”, indicó el Ministerio Público.
Y en segundo lugar, reprochó al exalcalde el presunto desconocimiento de los límites legales establecidos con el propósito de adicionar uno de los contratos celebrados con la Cooperativa de Transportes Cootrasal por más del 50 % de su valor inicial.
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