Otro billonario contrato del MinTIC para centros digitales, Procuraduría alerta sobre retrasos

En la mañana de este martes 16 de noviembre, la Procuraduría General de la Nación lanzó un alerta por los retrasos en otro contrato del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para centros digitales, el cual está firmado por un billón de pesos. El Ministerio Público evidenció los retrasos y llamó a los responsables a dar explicaciones y realizar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las metas.

Se trata de un contrato establecido entre el MinTIC, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FTIC) y la empresa COMCEL S.A. (Claro Colombia) por un billón de pesos, con el cual se busca garantizar la instalación y funcionamiento de Centros Digitales ubicados en 17 departamentos del país. Según el documento, a través de este acuerdo, con la creación de 7.468 centros digitales, se llevará internet gratuito a los departamentos de Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés.

Sin embargo, la Procuraduría informó a través de un comunicado que “se evidenciaron retrasos en varias de las metas del proyecto y se solicitó explicación por el posible riesgo en el cumplimiento de la número 10″. Por medio del llamado, la entidad busca que los organismos cumplan con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de Aporte No. 1042 de 2020 celebrado por 1,06 billones de pesos colombianos el pasado 19 de julio de 2019, según señaló RCN Radio.

El diario El Espectador detalló que dicho proyecto se conoce como el ‘Proyecto 10K’, un megaproyecto que se adjudicó en diciembre de 2020 y fue anunciado por la entonces ministra Karen Abudinen. El proyecto, en su totalidad, plantea la creación de 14.745 centros digitales para lograr conectividad gratuita en los colegios de los departamentos antes mencionados hasta el año 2031. Claro Colombia fue elegido para llevar a cabo la primera parte, en la cual se contemplan más de siete mil centros digitales.

El ente de control reconoció que el ministerio y la interventoría, hasta ahora, han reportado que los Centros Digitales que hacen parte delos grupos 1A y 1B se encuentran en operación, porque fueron aprobados remotamente. Sin embargo, detallan desde la Procuraduría que con respecto a los del grupo 1B, la segunda parte, el cumplimiento de la Meta relacionada con la “aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1B correspondiente a dieciséis coma veinticinco por ciento (16.25%) de los Centros Digitales”, tiene varios meses de retraso.

De hecho, la segunda parte de este megaproyecto de tecnología es la que tiene a la exministra con investigación disciplinaria y denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, según reveló el diario bogotano. La licitación para la segunda parte, para crear 7.277 centros digitales en el país, se la ganó la Unión Temporal Centros Poblados, contrato que también presentó problemas por los $70 millones de pesos.

Esta segunda parte debería ser ejecutada en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, D.C. Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

Revelaron que, al revisar el cronograma de trabajo establecido para el cumplimiento de las metas del contrato, las fechas no se estarían cumpliendo y el retraso ya abarcaría varios meses, lo que enciende las alarmas.

Agregaron que al revisar la Meta 10 del contrato, la cual hace parte de lo que corresponde a Claro Colombia y está relacionada con el “Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 2 correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros Digitales”, se encontraron con otra situación preocupante. Señalan que, en este caso, “el contratista para el Grupo 2 no ha reportado ni siquiera el 10% de los Centros Digitales de esta entrega, pactados contractualmente”.

Es por estos motivos que, en desarrollo de la vigilancia preventiva adelantada a este proyecto, desde el Ministerio Público se solicitó a los responsables a informar en qué consiste el riesgo concreto manifestado por el contratista, especialmente con la alerta evidenciada en la Meta 10. De la misma forma, que comuniquen las acciones que se han adelantado para mitigar o superar el riesgo, o si el mismo se encuentra latente y si se dio cumplimiento a la misma.

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