Gobierno crea coalición para vigilar convenios interadministrativos en época electoral

A pocos meses de las elecciones en Colombia, el presidente Iván Duque anunció la conformación de una “gran coalición” para hacer seguimiento a los convenios interadministrativos que se suscriban durante esta época y así garantizar la transparencia de los mismos. La iniciativa vinculará al sector público, el sector privado, los organismos de control, los medios de comunicación y la sociedad civil.

El mandatario fue enfático al decir que los recursos públicos deben llegar a las regiones del país y estos no pueden ser usados para financiar campañas políticas. Para esto el gobierno, de la mano de la Agencia Colombia Compra Eficiente, estimulará los procesos a través de la implementación rigurosa del SECOP II.

En este sentido, a partir del primero de diciembre la Agencia Colombia Compra Eficiente pondrá en marcha una herramienta interactiva llamada Power B. La plataforma permitirá hacer seguimiento constante a la ejecución de los recursos públicos que se destinen a través de los convenios interadministrativos entre el Gobierno nacional y los entes territoriales. Así mismo, para garantizar la publicidad y transparencia en la ejecución de dichos convenios, las entidades del orden nacional deberán gestionar la información correspondiente a su avance por medio de la sección de ‘Ejecución del Contrato’, que se encuentra en el SECOP II.

Para evitar inconsistencias, las entidades deberán designar a un supervisor a quien las entidades territoriales remitirán toda la información correspondiente a la contratación, ejecución y pago de los recursos comprometidos. Estos informes deben enviarse cada mes y en caso de no hacerlo, se debe notificar al Gobierno las razones para no cumplir el compromiso.

Esta coalición liderada por la Presidencia de Colombia se suma a las estrategias planteadas para combatir la corrupción en época electoral. El primer proyecto con este fin fue anunciado por la Procuraduría General de la Nación que asegura que, junto al Consejo Nacional Electoral (CNE), ya está analizando e implementando estrategias de vigilancia y regulación. La entidad señala que se encargará de forma especial de garantizar que los dineros de las campañas políticas provengan de fuentes claras y legales y que no se usen recursos públicos en ellas.

Así mismo, en aras de generar la colaboración interinstitucional planteada por el presidente Duque, se anunció que la Comisión de Control Electoral de la Procuraduría General cuentan con una herramienta que permite realizar el cruce de información que posee el CNE con otras bases de datos de entidades públicas. El objetivo es conocer quiénes aportan a las campañas y posteriormente, cotejar los datos con los actuales y futuros contratistas del Estado.

A pesar de la iniciativa, el gobierno Duque sigue recibiendo críticas, pues desde el mismo Ministerio de Hacienda se estaba buscando dejar sin efecto la Ley de Garantías. Esa ley prohíbe a los servidores públicos celebrar convenios interadministrativos y de contratación directa a menos de cuatro meses de las elecciones en el país. Además, prohíbe la participación en política de los servidores públicos.

Justo este 16 de noviembre tres congresistas demandaron la suspensión de la Ley de Garantías. Para ellos y otros líderes y analistas políticos, esta decisión presupone un alto riesgo a la democracia. Al habilitar la celebración de convenios interadministrativos, un mecanismo de contratación pública con alta discrecionalidad para ejecutar recursos públicos, se suma un mayor riesgo por el contexto de alta politización.

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