“Es muy importante que el Estado investigue esos casos de abuso y que no queden impunes”, Juliette de Rivero sobre lo ocurrido durante el paro nacional

El pasado 28 de abril se vivió la primera jornada del paro nacional, un movimiento de protestas que se extendió en el país durante varias semanas, y que tuvo su principal razón de estallido en la implementación de un proyecto de reforma tributaria que, al final, fue retirado por el presidente, Iván Duque. Las jornadas, a pesar de lograr varios de los cometidos que tenían en mente los marchantes, estuvieron llenas de violencia. Fueron decenas las denuncias hechas por parte de la ciudanía que alegaba que estaba siendo víctima del abuso de poder y del exceso de fuerza por parte de las autoridades, particularmente, uniformados del ESMAD.

En una entrevista otorgada a Noticias Caracol, Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, reafirmó que, en efecto, fueron varios los hechos de violencia perpetrados por parte de la fuerza pública en contra de la ciudadanía, y habló de la importancia de reconocer e imputar a los culpables. La funcionaria resaltó la relevancia del papel que tiene el Gobierno nacional en la tarea del esclarecimiento de las acusaciones, e hizo especial énfasis al explicar que lo ocurrido durante ese movimiento social dejó enseñanzas para saber cómo actuar en situaciones similares futuras.

“(...) Hubo instantes y momentos de violencia, hubo muchas pérdidas humanas por el uso excesivo de la fuerza pública y creo que es un balance de lo que ocurrió y de lo que se puede mejorar en la gestión de las manifestaciones. Cómo se deben gestionar las manifestaciones para evitar este tipo de casos de uso excesivo y también cómo garantizar la manifestación pacífica e incitar a los jóvenes de usar ese derecho de manifestación pacífica”, comentó De Rivero que, además, recordó que por aquellos días las marchas tuvieron su origen en el malestar generalizado sobre diferentes situaciones, por ejemplo, la falta de oportunidades educativas y de empleabilidad de los jóvenes.

Bajo concepto de la representante, el compromiso del Gobierno nacional respecto a la cero tolerancia frente a casos de abusos policiales ha sido ‘muy importante’, sin embargo, es necesario que estas acciones continúen, pues, es de alta relevancia que se logre reparar y hacer justicia. “Que las reformas que se están proponiendo para la Policía sean examinadas, que haya un debate público abierto y amplio sobre las necesidades de reformar la Policía para tratar de mejorar estas gestiones de manifestaciones hacia el futuro”, añadió.

Luego de manifestar sus percepciones acerca de lo ocurrido en las jornadas del paro, De Rivero se refirió al asesinato de líderes sociales, una de las problemáticas consecuentes de la violencia en Colombia que ha venido aumentando exponencialmente. En el 2021, reportó ella, se recibieron denuncias de 180 homicidios de personas defensoras de Derechos Humanos. La cifra, recalcó la representante, es preocupante y, lo peor de todo, es que no evidencia lo que actualmente sucede en todos lo territorios del país.

“También hay otras formas de violencia como son los confinamientos de las comunidades, las restricciones a su movilidad y las amenazas que sufren personas defensoras de Derechos Humanos en el país. El asesinato de todo líder y de toda lideresa es una tragedia para su comunidad y para el país porque ellos son las voces de sus comunidades muchas veces ante actores armados muy violentos que quieren vulnerar los derechos de estas comunidades”, argumentó.

Tal y como lo explicó, grupos armados al margen de la ley mantienen bajo el terror a residentes de diferentes zonas del país a causa de sus intereses como organización, entre ellos, lograr el control total de los territorios para adelantar sus actividades delictivas, por ejemplo, la creación de corredores para el tráfico de estupefacientes.

Llegar a la paz en Colombia no es un proceso al que se llegue de la noche a la mañana, explica Juliette. Un proceso para cesar la violencia, detalla la representante, está lleno de ‘desafíos’, particularmente dos: el desmantelamiento de los grupos generadores de violencia en los territorios, y el reforzamiento de la presencia integral del Estado sobre los territorios más golpeados. “A la oficina de la ONU de Derechos Humanos le preocupa la situación de los líderes y las lideresas sociales que le aportaron a la sustitución de cultivos ilícitos porque hoy en día se encuentra muy vulnerables y amenazados por grupos armados ilegales no estatales que están involucrados en estas economías ilícitas”, destacó.

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