Tres congresistas ya demandaron la suspensión de la Ley de Garantías

Pese a las múltiples oposiciones y el fallo del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá, que le ordenó al Ejecutivo abstenerse de dar aplicación a la modificación de la Ley de Garantías, el 12 de noviembre el presidente Iván Duque sancionó la Ley del Presupuesto General de la Nación 2022 sin modificar el artículo que suspende la aplicación.

“Sancionamos la ley del Presupuesto General de la Nación 2022 que prioriza la asignación de recursos en atención social a población vulnerable, el apoyo al crecimiento económico y la generación de empleo, y cuenta con un monto de inversión histórico que alcanza los $69,6 billones”, señaló el jefe de Estado al compartir el documento con su firma.

Tras el anunció del mandatario, cuatro congresistas adelantaron los respectivos procesos judiciales para demandar la decisión frente a la Ley de Garantías. Para ellos y otros líderes y analistas políticos, esta decisión presupone un alto riesgo a la democracia. Al habilitar la celebración de convenios interadministrativos, un mecanismo de contratación pública con alta discrecionalidad para ejecutar recursos públicos, se suma un mayor riesgo por el contexto de alta politización.

En este sentido uno de los demandantes es el senador y precandidato presidencial Roy Barreras que anunció que ya presentó la demanda y compartió una imagen del documento en sus redes sociales. En este señala: “Aquí la demanda de inconstitucionalidad que impedirá que eliminen la Ley de Garantías y conviertan el presupuesto en piñata electoral para consolidar el fraude electoral llamado compra de votos”.

Otra de las representantes que presentó su demanda fue Katherine Miranda de la Alianza Verde, que en su Twitter lanzó algunas críticas contra el presidente Duque: “El presidente se burla y se salta la Constitución al sancionar una ley que viene con un mico terrible que es la derogación de la Ley de Garantías, a través de la Ley de Presupuesto, algo que es a todas luces es inconstitucional”.

Por otro lado, otra de las demandas que se conoce es de representantes de Cambio Radical, partido que ha apoyado de forma fiel muchas de las incitativas del Gobierno: el exministro David Luna y el representante José Daniel López radicaron una demanda de inconstitucionalidad, partiendo de que esta fue una norma estatutaria que se tramitó y aprobó a través de una iniciativa ordinaria.

“El presidente Duque le dio vía a libre a modificar la Ley de Garantías, esto es un golpe para la democracia y un espaldarazo a las maquinarias. Será muy difícil garantizar la transparencia en las próximas elecciones con un cambio en las reglas de juego, por eso decidimos demandar la “ley”, el silencio sería cómplice de la corrupción”, aseguraron los demandantes en un documento.

Ley de Garantías

La Ley de Garantías es una normativa que busca garantizar la igualdad de condiciones en los procesos electorales del país, promueve el ejercicio transparente de los recursos públicos y establece restricciones y prohibiciones que deben ser acatadas por las entidades públicas.

De acuerdo con Francisco Bernate, abogado penalista, esta ley se expidió debido a la influencia que pueden tener los dineros de los contratos dentro de los procesos electorales.

“Dada la influencia que tiene la contratación dentro los procesos electorales en Colombia, se expidió la Ley de Garantías, que impone unas restricciones a las autoridades locales, departamentales o nacionales para adelantar procesos de contratación, es decir, no pueden realizar contratos como adjudicar obras, aprobar el suministro de bienes o servicios”, explicó Bernate a el Canal Institucional; y agregó que “buscar un equilibrio entre los competidores por los diferentes escaños, al Congreso o a la Presidencia, y sobre todo que la contratación no sea un factor determinante a la hora de las votaciones”.

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