Desde que se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hace cinco años, cuando se firmó el fin del conflicto con la guerrilla de las Farc, tan solo se han reconocido 320 víctimas del Ejercito Nacional, soldados que hayan sido violentados, asesinados o sufrido de algún tipo de violencia por parte de los excombatientes. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Colombia decidieron presentar un informe en el que hacen una radiografía general del conflicto en el país y de cuántos uniformados resultaron víctimas del mismo.
En el listado se asegura que existen 269.573 víctimas entre las que se destacan 18.841 militares muertos, 5.707 desaparecidos y 316 secuestrados, las cuales, según ellos, no han querido ser incluidas dentro del informe de la JEP. Dentro del informe, al que tuvo acceso la revista Semana, los militares aseguran que en medio de la resolución del conflicto varias verdades se han querido imponer o vender como absolutas y que dentro de ellas no se ha considerado el daño que recibieron los uniformados en medio del conflicto.
“La memoria histórica, los derechos humanos o los discursos sobre ecología, victimización, medioambiente, desplazamiento humano, poblaciones en estados vulnerables y demás son utilizados como herramientas de lucha hacia determinados fines político”, asegura e informe compartido por las Fuerzas Armadas a Semana.
Además aseguran que la JEP los ha menospreciado porque han creído que por ser uniformados y no pertenecer a la sociedad civil valen menos. Aquí solicitaron que la Jurisdicción Especial para la Paz evalúe muy bien las cifras que tiene y que incluya en su listado todos los soldados y uniformados que fueron víctimas de minas, bombardeos o emboscadas, ya que, según ellos, no se les ha dado el valor necesario.
Sugirieron también que se abran procesos para evaluar el daño que hicieron las armas no convencionales por parte de las Farc, por el daño ambiental, homicidios colectivos, homicidios en estado de indefensión y violencia sexual a sus soldados.
De acuerdo con la investigación presentada ante esta jurisdicción, 7.413 militares fueron víctimas de estos artefactos. En Norte de Santander, Nariño, Antioquia y Arauca se concentraron los casos. Para el magistrado Óscar Parra, presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas, el informe es un insumo muy valioso que brinda “elementos para determinar cómo debe ser la justicia restaurativa que la JEP tiene que aplicar en todas sus actuaciones”.
Por su parte, Carlos Julio Susa Rodríguez, quien perdió sus piernas por minas antipersona en 2000, expresó que los militares víctimas de estos hechos confían en la no repetición de lo sucedido y esperan que no haya impunidad. Y agregó: “Esperamos que hechos como estos no se sigan repitiendo en Colombia. No queremos más víctimas de minas antipersona”.
Adicional, en el texto se explica el por qué, desde la visión de quienes han tenido que estar combatiendo en la selva, se crearon los grupos al margen de la ley y por qué se mantuvieron dentro de tanto tiempo con vigencia. El Ejercito fue claro en decir que “el gran problema con el surgimiento de los grupos guerrilleros y de autodefensas, como se planteó en el contexto, se da como consecuencia de la ausencia del Estado”.
Mientras que aseguran que la creación de los Paramilitares para, supuestamente, contrarrestar la violencia de las Farc, lo que hizo fue generar uno de los episodios más violentos en la historia de Colombia y con los asesinatos más crueles que se hayan registrado. Sitúan esa época de 1998 a 2004 como la más terrorífica que haya tenido que pasar el país.
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