Carlos Manuel Silva, director seccional de fiscalías de Cundinamarca, confirmó en la tarde de este domingo 14 de noviembre que la Fiscalía General de la Nación logró propinar un importante golpe a la organización criminal conocida como Los Gerberth II, que se dedicaba al secuestro extorsivo exprés en la región.
Según explicó el funcionario, dicha banda también se dedica al hurto con armas blancas y armas de fuego y utilización de menores de edad en la comisión de delitos. Para detenerlos, agregó, fue necesaria la cooperación interinstitucional con la Policía Nacional y cerca de un año de labores de investigación.
“Los trabajos investigativos adelantados y documentados por la Fiscalía Primera destacada ante el Gaula, a través de la Seccional Cundinamarca, permitieron la captura de siete de los presuntos integrantes por hechos ocurridos en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2020″, agregó Silva.
En términos más específicos, la entidad detalló que los hechos por los que estas personas fueron capturadas se dieron los días 8 y 29 de octubre, 7 y 25 de noviembre y 13 de diciembre, todo durante 2020.
El fiscal continuó explicando que “las pruebas indican que estas personas indican que estas personas serían las encargadas de ofrecer, a través de las redes sociales, trabajos de remodelación en las fincas y predios rurales de los municipios de Nilo, Soacha, Fusagasugá, Girardot y Ricaurte en el departamento de Cundinamarca”
Al llegar a las propiedades, agregó, amedrentaban a sus víctimas con armas para posteriormente agredirlos y reducirlos. Posteriormente, empleaban menores para que se llevaran los vehículos de los secuestrados hasta Bogotá, para proceder a venderlos, mientras los adultos conseguían las claves de las tarjetas bancarias para vaciarlas.
Igualmente, se evidenció que los procesados se contactaban en frente de las víctimas con dos individuos con los alias de el Patrón o Boligoma, quienes se encuentran recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá) y la Tramacúa en Valledupar, respectivamente, para coordinar los actos extorsivos.
De acuerdo con Silva, desde los centros carcelarios se presentaban como comandantes de algún grupo guerrillero, y le informaban a los secuestrados que debían entregarles los teléfonos de sus familiares para negociar la liberación.
Los hechos investigados indican que los siete capturados cumplían diferentes roles dentro del grupo delincuencial, desde el reclutamiento de personas para ejecutar los secuestros, personal de vigilancia para cuidar a los retenidos, hasta personas que prestaban su cuenta bancaria para recibir el dinero producto de las extorsiones y así lavar el dinero y borrar los rastros de su procedencia.
Tras la presentar todo el material probatorio, el Fiscal 1 Especializado ante el Gaula de Cundinamarca les imputó los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, concierto para delinquir en concurso con uso de menores de edad para la comisión de delitos.
“Conformaron un grupo de chat con todos los integrantes para impartirles instrucciones y explicarles cual iba ser el modus operandi. Ellos deciden los sitios rurales con casas abandonadas o fincas extensas con broches de ingreso donde puedan citar a las víctimas, una vez llegan al sitio las reducen con armas de fuego”, advirtió el fiscal en la audiencia de imputación de cargos.
Con esto, un juez de control de garantías determinó que las siete personas eran un peligro para la sociedad y por tanto debían permanecer bajo la medida de reclusión en centro carcelario mientras se adelantaba el proceso judicial en su contra. Así, se resolvió que todos los involucrados permanecerán en las cárceles La Modelo y El Buen Pastor, en Bogotá, a las que ya fueron trasladados.
SEGUIR LEYENDO: