Amenazan a defensora de derechos humanos del Comité de Presos Políticos de Santander

Este sábado, la defensora de derechos humanos de Santander, Adriana Lizarazo, recibió una cadena de mensajes a través de WhatsApp, con claras amenazas en su contra y de sus compañeros, así como de su familia a raíz del trabajo que realiza.

La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) denunció los hechos a través de un comunicado público. Lizarazo es coordinadora la seccional en el departamento de Santander y fue designada como Vocera del Nodo Nororiente de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

De acuerdo con la fundación, los hechos ocurrieron este 13 de noviembre, sobre las 12:26 de la tarde, cuando llegó el primer mensaje sospechoso, a través del número 313 879 3816, que tendría en su perfil las siglas AGC, las mismas con las que firma el autodenominado grupo Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo.

“Solo se me ordenó hablar con la señora Adriana Lizaraso…el asunto es serio y bastante importante... queremos simplemente hablar con usted, no es nada malo, o por lo menos no por ahora, eso va a depender de usted…”, le dijeron a la defensora a través de los mensajes.

A través del chat, le indicaron información personal precisa, como datos privados, lugar de residencia, lugar de trabajo, así como de las personas de su núcleo familiar. “Todo lo suyo es bueno menos la gente con la que se relaciona, no tenga miedo, solo queremos hablar”, le escribieron.

Lizarazo decidió no contestar los mensajes y la persona al otro lado de la línea le envió una amenaza de muerte a ella y a todos los miembros del CSPP. Le ordenan abandonar el territorio por represalias contra su vida y a sus compañeros.

“Como no quiso hablar con nosotros lo mejor es que se vaya si quiere vivir… dígale a los hijueputas esos que se la pasan con usted en la oficina de (cita lugar de ubicación de las oficinas del CSPP)… que para ellos también va el ultimátum… no quisieron por las buenas, entonces vamos a ver por las malas”, fue el mensaje que recibió a través de su chat.

Las amenazas no se detuvieron allí y anunciaron una posible acción en su contra la próxima semana. “El martes esperen en la oficina un paquetito que les vamos a enviar”, le indicaron por medio de los mensajes, luego de asegurar que a la hora del último mensaje la organización del CSPP en el departamento de Santander era declarada “objetivo militar”.

La cadena de mensajes estuvo acompañada de fotos de armas y de una persona vestida con uniforme militar que portaba en el brazo un brazalete con las siglas de las AGC. Una situación que despertó la alerta de los defensores de derechos humanos en el departamento.

El CSPP puso la denuncia correspondiente ante la Policía y la Fiscalía. Así mismo, solicitaron al Gobierno nacional condenar las amenazas y señalamientos contra defensoras y defensores de derechos humanos, además de garantías para la protección de los y las lideresas sociales.

“Rechazo las amenazas contra Adriana Lizarazo, defensora de derechos humanos y coordinadora del CSPP en Santander. Solicito a las autoridades investigar con celeridad y esclarecer este hecho, así como brindar la protección necesaria a ella y su familia”, señaló el senador Iván Cepeda.

Lizarazo ha trabajado por el bienestar de los presos políticos en el departamento de Santander. Durante el 2020 realizó una campaña para proveer de remedios caseros a los presos de la cárcel de Chimitá, para tratar el brote de covid-19.

Así mismo, en diciembre de 2020 estuvo envuelta en una polémica con Pedro Trujillo, delegado de la Defensoría del Pueblo para los derechos humanos en Santander. Durante una audiencia virtual del 20 de noviembre de 2020 en la Alcaldía de Bucaramanga, el funcionario dejó el micrófono abierto y se le escuchó decir: “Vieja mamona, entonces le parece terrible que yo defienda a la Policía, manda huevo”.

La audiencia había sido convocada por una manifestación social del 19 de noviembre, en la que los defensores de derechos humanos denunciaron registros fotográficos de los manifestantes por parte de la Policía sin identificación. Lizarazo le había dicho que él como persona asignada para velar por los derechos humanos de las personas marchantes no debería ni permitir ni avalar esta tipo de actuaciones.

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