A indagatoria fue llamada la representante María Cristina Soto por supuesta compra de votos

María Cristina Soto, representante a la Cámara del Partido Conservador, fue llamada a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia en medio de la investigación que se adelanta por un caso de presunta compra de votos. El hecho de corrupción, según el expediente, habría sucedido en el 2018, días antes de las elecciones legislativas en las que Soto fue electa como representante a la Cámara por La Guajira. La investigación señala que se habrían cometido los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir, falsedad en documento público y privado y fraude procesal.

La funcionaria fue involucrada en el caso porque, supuestamente, desde su campaña se habría reclutado a diferentes personas, a las que se llamaban ‘líderes’, para comprar votos en el municipio de Maicao. Estos ciudadanos habrían repartido entre 20.000 y 50.000 pesos, a cambio de votos, y se habrían organizado en los puntos de votación para vigilar que quienes habían recibido el pago por Soto. Además de ello, habrían financiado el pago para transportar a los sufragantes.

En el año 2018, en junio, la Fiscalía envió la denuncia a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, según recordó Blu Radio y, para aquellos días, se logró que se interceptaran comunicaciones que, posteriormente, permitieron evidenciar la realidad de las acusaciones. Los encargados de reclutar a los supuestos líderes, entre otras personas, serían Simón López Martínez, Ades Alberto Aramandis Gómez y Joel Blanchar Plata. Según informó el periódico El Tiempo, la investigación en este caso se hizo justo por la misma época en la que fue capturada y condenada la excongresista Aida Merlano, prófuga de la justicia colombiana.

El diario, que entregó más detalles del caso de Soto, aseguró que la ponencia fue hecha por parte del magistrado César Augusto Reyes Medina. Según el documento en el que quedó detallado el llamado a indagatoria, y al que tuvo acceso ese medio de comunicación, “el abundante material probatorio recaudado indica que habría existido una organización ilegal encaminada a garantizar la consecución de votos a cambio de una remuneración o dádiva. Asimismo, que para ello se manejaron bases de datos, listas dirigidas por cada líder, concentración e inducción a votantes, movimiento de sumas de dinero en efectivo, retención de los certificados electorales, etc”.

En las llamadas que fueron interceptadas por las autoridades, se descubrió que, además de corromper a los ciudadanos, y de comprar las elecciones, había ‘base de datos’ de ‘votantes potenciales’ a quienes contactaban para asegurar la victoria de Soto. Los seleccionados habrían sido reunidos para recibir explicaciones de cómo deberían votar. “Todo ello en permanente coordinación con Simón López Martínez para la logística, transporte, refrigerios (y) dinero en efectivo”, reveló El Tiempo.

En las llamadas, a las que tuvo acceso el portal informativo se escucha como se lanzan frases como: “La gente ya está aquí esperando señor Simón, ya me da pena decirle ‘espérense un momentico’, ya la gente está regresando (...) Ya van 35, ya están los que están allá yéndose, ya están allá en los puestos de votación, hay como 10 y lo que falta”.

Hace unos días, a finales de octubre, Soto informó que se encontraba enferma luego de haber resultado positiva para las pruebas de detección de coronavirus. A sus compañeros de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes les avisó que se encontraba hospitalizada. El Tiempo, en su nota, reveló que trató de contactarla, pero que fue imposible hablar con ella, precisamente, por su padecimiento.

Ante la Corte, en medio de la investigación que se adelanta, un testigo aseguró que esta práctica ilegal no se habría utilizado solo para beneficiar a Soto pues, se habría hecho lo mismo con el hoy condenado exsenador del Partido de la U, Eduardo Pulgar. El hombre ahora paga una sentencia de 58 meses y 25 días de prisión por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y cohecho por ofrecer. Se le acusó de haber usado su posición como congresista para favorecer a Luis Fernando Acosta. El testigo aseguró que logró reclutar a 60 personas para que votaran por Soto.

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