Tras la sanción al Presupuesto General de la Nación este viernes a pesar de la orden de un juez de no hacerlo, las críticas a Iván Duque llegaron, entre ellas, las de los precandidatos a la Presidencia que calificaron de ilegal e inconstitucional el trámite. La firma del presidente permite que los alcaldes y gobernadores puedan ejecutar contratos en jornadas electorales.
Uno de ellos fue el senador y principal opositor de Duque, Gustavo Petro, quien aseguró que la modificación a la ley de garantías se trata de un fraude electoral.
“El presidente de la republica ha decidido desacatar el fallo de un juez. La intención es modificar la voluntad electoral de la ciudadanía con el dinero público. Se trata de un fraude electoral En un momento tan difícil y sensible le exijo al Presidente responsabilidad histórica”, escribió.
Otro de los críticos fue el posible candidato presidencial del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, quien también apoyó a Petro en su teoría. “Se sancionó el presupuesto con el mico de la #LeyDeGarantías. Zarpazo a la democracia, atropello a la libertad política de los colombianos. El gobierno cocina un descarado fraude electoral a punta de plata y convenios interadministrativos que terminan en la compra de votos”.
También se pronunció Juan Fernando Cristo, precandidato de la Coalición de la Esperanza y dijo que se trata de un “orangután” que va en contra de la carta magna. “La ley de garantías entra en vigencia hoy.Los gobernadores y alcaldes que suscriban convenios se meterán en líos legales.El Presidente al sancionar la ley de presupuesto,con orangután incluido,violó la constitución y la ley al desacatar orden judicial.Lucen desesperados”, aseveró.
En su momento, Sergio Fajardo, de la Coalición de la Esperanza, le reclamó al presidente Iván Duque por su propuesta que hoy es un hecho y que criticó cuando era senador y el entonces presidente Juan Manuel Santos lo propuso. “¿Qué pasó acá, presidente Duque? No más mezquindad política: no puede ser como oposición derogar la ley de garantías sea un signo evidente de corrupción y como gobierno sea un estímulo necesario a la economía. Absolutamente inaceptable”
Por su parte Roy Barreras, sendor y precandidato del Pacto Histórico, instauró una demanda de insconstitucionalidad contra la Ley del Presupuesto General de la Nación y, específicamente, contra el artículo que modifica la Ley de Garantías. Presentó en Twitter “la demanda de INCONSTITUCIONALIDAD que impedirá que eliminan la Ley de Garantías y conviertan el presupuesto en piñata electoral para consolidar el fraude electoral llamado compra de votos”, escribió.
Algunos congresistas anunciaron que demandarían el artículo, tal como Katherine Miranda, Mauricio Toro y José Daniel López de los partidos Alianza Verde y Cambio Radical, respectivamente.
“Inmediatamente sancionada la ley la Corte Constitucional debe iniciar conocimiento de la DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE HE RADICADO. La ley se caerá. Advierto a alcaldes y gobernadores que NO pueden contratar sin ley de garantías hasta que la Corte decida mi demanda”, dijo Roy.
El presidente por su parte, dijo que iba a apelar la decisión del juzgado y que un juez no puede ordenarle al presidente de la República qué debe objetar, “eso sería violar la Constitución colombiana. Nosotros firmamos la ley y la firmamos con ese artículo”. Pero sí dejó claro que se adelantará el proceso judicial correspondiente.
En el fallo, el juez determinó que se violaron los derechos al debido proceso y a la igualdad en el trámite legislativo que modificó la Ley de Garantías, “el cual fue objeto de votación en Senado y Cámara por desconocer el principio de objeto de reserva y afectar de manera grave los principios de imparcialidad e igualdad electoral”.
La restricción solo estará vigente hasta que la Corte Constitucional conozca de la demanda de acción pública de inconstitucionalidad que adelantará Miguel Ángel Bravo Gutiérrez (demandante), explicó el juzgado.
Además, exige que se publique el fallo de tutela en las páginas web de la Presidencia de la República, del Ministerio de Hacienda y de todas las entidades del sector de orden nacional, todo esto esperando pronunciamiento de la Corte Constitucional.
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