La Fiscalía General de la Nación confirmó en la mañana de este sábado 13 de noviembre que logró que el juzgado 3 Penal municipal de Medellín impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de siete de las diez personas investigadas por aparentemente haber participado en el hurto a una empresa fundidora de oro de la capital antioqueña.
Según el reporte del ente acusador, las personas que irán a la cárcel mientras se adelanta el resto del proceso judicial están identificados como Henry Andrés Vélez Correa, Jarver Orbani Méndez Velásquez, Carlos Horacio Manco Úsuga, Carlos Mario Atehortúa, Leonardo de Jesús Tuberquia Zapata, Jhon Jairo Agudelo Ocampo, quien resultó herido en el cruce de disparos con la Policía, y Alberto Antonio Betancur Rendón.
Este último es el que más polémica ha generado, pues se trata del hombre que fue capturado mientras portaba un chaleco de la secretaría de movilidad del municipio de Bello. Con esa indumentaria, Betancour Rendón habría aprovechado para desviar el tráfico y facilitar el hurto y la huida de los presuntos delincuentes.
Igualmente, la Fiscalía detalló que los defensores de Vélez Correa, Méndez Velásquez, Betancur Rendón y Atehortúa apelaron la medida de aseguramiento ante los jueces penales del circuito, por lo que se espera un nuevo trámite judicial en los próximos días.
Valga recordar que, como se había reportado desde ayer, el juez del caso se abstuvo, en la misma decisión, de imponer medida de aseguramiento y ordenó la libertad de Stiven Alexánder Grillo Ferrucho, José Alejandro Montealegre Mejía y Floy Joarson Púas, quienes continúan vinculados a la investigación.
Los tres hombres quedaron hombres quedaron en libertad luego de que el ente acusador no pudiera acreditar debidamente su participación en el atraco, que resultó en un tiroteo en plena avenida Las Vegas de la capital antioqueña, y en la desaparición de unos $500 millones en oro.
De hecho, todas las pruebas indican que los tres capturados llegaron a la zona en transporte público y se encontraban en una empresa de encomiendas cercana al lugar adelantando diligencias personales y laborales. “Las evidencias por el momento infiere que los ciudadanos no tienen nada que ver”, indicó el togado, que reconoció que ni sus prendas de vestir, ni las pertenencias que portaban al momento de ser capturados indican que estuvieran involucrados en el robo.
Esto ya había sido advertido por el jurista Salomón Díaz, defensor de uno de los sindicados, quien señaló que esos tres capturados serían inocentes, pues habrían sido confundidos con los delincuentes, así como ocurrió con Edien Toscano, el hombre detenido por error y que posteriormente fue dejado en libertad.
“Al igual que el señor Toscano, que estaba haciendo una diligencia en una empresa de encomienda, hay otras tres personas que, al parecer, la defensa llevó material probatorio que evidenciaría que estaban haciendo también diligencias y fueron capturadas por estar corriendo y sudando”, indicó el abogado Díaz. A pesar de ello, la Fiscalía apeló ante la segunda instancia la decisión de dejar a los tres hombres en libertad.
No hay que olvidar que los hechos investigados ocurrieron el pasado jueves 4 de noviembre, cuando un grupo de personas provistas de armas de fuego de corto y largo alcance irrumpió en un establecimiento comercial ubicado en el sector Manila del barrio El Poblado de Medellín, y se habría apoderado de 2 barras de oro sin procesar, valoradas en $550 millones. También habrían despojado al vigilante del lugar de un radio de comunicaciones, la escopeta y el chaleco blindado de dotación.
Para ingresar al establecimiento los delincuentes utilizaron una volqueta provista de un ariete para derribar la puerta de acceso.
En la reacción policial, además de las capturas, se logró la incautación de siete armas de fuego, ocho chalecos antibalas, 14 motocicletas y cuatro vehículos.
Ninguno de los procesados se allanó a los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) por delitos como hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego de uso civil y militar, receptación, falsedad marcaria, usurpación de funciones públicas y simulación de investidura o cargo.
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