Denuncian nueva ola de desplazamientos por enfrentamientos armados en Tibú

El conflicto armado no da tregua en el municipio de Tibú, Norte de Santander. En esta ocasión fue Jhon Ascanio, personero de esta población, quien manifestó su preocupación por el desplazamiento de campesinos de la zona que están buscando quedar atrapados en nuevos enfrentamientos entre el Ejército Nacional y los grupos armados que allí se encuentran.

Según explicó el funcionario al sistema informativo de RCN Radio, “se ha recibido información que en la vereda El Retiro y 20 de julio, muy cerca a la vereda Versalles, los soldados se enfrentaron con grupo armados”, que llevaron al desplazamiento masivo de un número todavía por determinar de familias de la zona.

Hasta el momento, sin embargo, no se conocen informes oficiales por parte de la alcaldía de ese municipio, del Ejército Nacional o la Defensoría del Pueblo. No obstante, esta última si emitió una alerta temprana el 26 de noviembre del año pasado, en la que indica que en el municipio hacen presencia el ELN, el EPL, Facciones disidentes de las FARC-EP y Los Rastrojos, que se disputan el control de la zona fronteriza con Venezuela.

De ahí que el personero Ascanio insistiera ante la emisora en que “por eso es importante nombrar una comisión humanitaria, con el objetivo de proteger los derechos humanos de la población campesina”.

Es que, Tibú no ha estado exento de casos que involucran a las Fuerzas Armadas y los grupos ilegales este año. Nada más hace dos semanas se convirtió en noticia por la retención y posterior liberación de 180 militares que se encontraban adelantando labores de erradicación de cultivos ilícitos en la zona.

Desde la Defensoría del Pueblo reportaron que gracias a su mediación y la de “la Personería del Municipio de Tibú, se logró poner fin a la obstrucción de las labores de erradicación de cultivos de uso ilícito que adelantaban cerca de 180 soldados del Ejército Nacional”.

Valga recordar que, según la institución castrense, los uniformados estuvieron retenidos por al menos 400 cultivadores de coca que se ven afectados por la tarea que están adelantando, y que por ende estarían buscando algún tipo de garantía o el reinicio de las iniciativas de sustitución. No obstante, desde el Ejército Nacional aseguran que se trata de una estrategia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para ganar tiempo y poder trasladar la producción a otro punto, para no perderla.

A ese caso se le suma el del asesinato de Jackson Arriaga, de 23 años y otro joven de 15, el pasado 8 de octubre, a manos del Frente 33 de las disidencias de las Farc.

Según el relato oficial, ambos fueron descubiertos por comerciantes y mototaxistas de esa población, que terminaron reteniéndolos y atacándolos a golpes. Tras esto, los ataron de manos y les colgaron carteles con la palabra “ladrones”, para llevarlos a la estación de Policía del pueblo.

Fue en ese trayecto que la masa fue abordada por hombres armados y en moto, quienes, como relató el coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía en Norte de Santander, “se llevan a estas personas y los asesinaron en las afueras del municipio, haciendo justicia por mano propia”. Los cuerpos fueron hallados posteriormente en la salida de Tibú hacia El Tarra.

Arriaga había nacido en Los Teques, en el estado de Mérida, Venezuela; pero pasó la mayor parte de su vida junto a su madre en Las Virtudes, una de las localidades que componen el municipio Tulio Febres Cordero en ese mismo estado. Llegó a Colombia buscando un sustento para ofrecerle a su hija de tres años.

Aunque se desconoce la identidad del menor de 15 años, RCN Radio sí reportó que el mismo habría llegado a la zona hace dos años junto con su hermano mayor. Desde entonces, y hasta hace una semana, se desempeñó como raspachín de coca en los cultivos del Catatumbo.

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