Destituyen al juez acusado de recibir millonarios sobornos en el caso Hyundai

El exfuncionario Reinaldo Huertas fue castigado disciplinariamente y quedó inhabilitado por los próximos 15 años

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Ex juez Reinaldo Huertas, vinculado
Ex juez Reinaldo Huertas, vinculado en el caso de Carlos Matto. (Colprensa-Luisa González)

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó, en la tarde de este 12 de noviembre, su decisión de destituir e inhabilitar durante un término de 15 años al ahora exjuez Reinaldo Huertas, quien fue hallado responsable a nivel disciplinario de haber aceptado sobornos para favorecer al empresario Carlos Mattos en medio del caso Hyundai.

Valga recordar que, el segundo habría pagado al menos $2.500 millones entre 2015 y 2016 a varios funcionarios judiciales para que desviaran una demanda en contra de Hyundai hacia el despacho de Huertas, que por esa época fungía como juez sexto civil del Circuito de Bogotá, para que este último fallara medidas cautelares a su favor y ordenara que el fabricante surcoreano no pudiera hacer negocios con nadie diferente a Hyundai Colombia Automotriz S.A. en el país.

En un comunicado oficial, la Comisión reportó que la decisión se tomó luego de conocer la ponencia del magistrado Juan Carlos Granados Becerra. Fue este togado quien explicó que el destituido juez terminó incurriendo en su accionar en la falta gravísima descrita en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que hace referencia, textualmente, a:

“Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo”.

En su parte, la entidad también reporta que en el proceso disciplinario, adelantado en primera instancia por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, quedó demostrado que el ya mencionado direccionamiento del proceso hacia el despacho de Huertas, con el objetivo de lanzar la medida cautelar en favor de la empresas de Mattos, en lo que se considera como un actuar indebido.

“La conducta realizada por el doctor Reinaldo Huertas fue desplegada de manera voluntaria a titulo de dolo porque actuó con plena conciencia tanto de sus actos, como de las implicaciones jurídicas de los mismos, por lo cual es válido afirmar, que el disciplinado comprendía la actuación ilícita y, no obstante tal comprensión, pudiendo y debiendo comportarse conforme a derecho, prefirió libre, consciente y voluntariamente vulnerar el ordenamiento jurídico”, se lee en algunos apartes de la providencia.

También se supo que durante la audiencia los magistrados Julio Andrés Sampedro Arrubla y Carlos Arturo Ramírez Vásquez presentaron impedimentos y fueron aceptados por la sala plena de la corporación.

No hay que olvidar que aparte de esta acción disciplinaria, el sancionado había sido capturado en 2018 por la Fiscalía General de la Nación, que logró inicialmente medida de encarcelamiento mientras se desarrolla el juicio en su contra. Este último todavía sigue en proceso.

Aparte de Huertas, Mattos también habría sobornado a otros altos funcionarios judiciales, como la jueza Ligia del Carmen Hernández, quien ordenó inspeccionar a una filial de la competencia del empresario sin una razón real. Para ello, el primero le pagó por lo menos $100 millones. No obstante, esta última fue descubierta por la Fiscalía y en 2019 recibió una condena de dos años de prisión.

Mattos, por su parte, está a la espera de ser extraditado a Colombia desde España, para responder por el mismo proceso. Esto, después de que la Audiencia Nacional española considerara el pasado 3 de noviembre “que se cumplen todos los requisitos para proceder a la entrega de Mattos a Colombia”.

En el comunicado compartido por la entidad sostiene que la nacionalidad española de Mattos no es impedimento para su extradición porque mantuvo su vinculación con Colombia, “donde ha estado desarrollando durante años su actividad profesional y donde se habrían producido los hechos por los que es investigado”. Sin embargo, en caso de ser condenado, podría solicitar el cumplimiento de la pena en España, según un acuerdo bilateral, recuerdo la Audiencia Nacional.

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