Teniendo en cuenta que han pasado cuatro años desde la tragedia en Mocoa (Putumayo) y los afectados aún no reciben una casa digna donde vivir, la Contraloría General de la Nación decidió asumir el control fiscal de los recursos públicos invertidos en la reconstrucción de este municipio. La decisión se sustenta en la trascendencia social y económica que tiene el cumplimiento de la acción.
La Contraloría asegura que este proyecto (Sauces II) involucra recursos públicos superiores a los $53.646 millones de pesos. Se especifica que para la etapa I se comprometieron $25.731.568.960 y para la etapa II la suma de $27.915.211.280.
La tragedia ocurrió en abril de 2017 y las víctimas todavía no han recibido una solución. Los retrasos tiene 4 años y 7 meses y según el órgano de control “el avance físico de la obra para la etapa 1 del proyecto de vivienda Sauces II es del 0.74 % y para la etapa 2 del 0.53%, para un total de 0.63 %”.
Según el ente de control, los encargados de la obra justifican los retrasos, pero sus argumentos no fueron válidos para el ente de control.
Estos problemas vienen siendo advertidos desde hace tiempo. El Gobierno nacional se había comprometido a construir y entregar 100 casas en septiembre, pero esa cifra no se logró y se espera que las estructuras se entreguen en diciembre.
A mediados de este año, una comisión de la Contraloría visitó Mocoa y advirtió la situación. A pesar de eso, el Gobierno nacional insistió en que cumpliría la entrega de viviendas. La información fue dada a conocer desde la Vicepresidencia de la República, donde aseguraron que antes de 2022 se entregarán 909 viviendas, entre urbanas y rurales, las cuales se construirán en Sauces II.
“Se decidió dar continuidad al contrato actual para la construcción de las 909 viviendas y esperamos en diciembre de 2021, sean entregadas 390 viviendas y el saldo de 519 para julio de 2022. También se realizó una convocatoria pública con el fin de vincular mano de obra calificada y el 13 de abril los aspectos urbanísticos y arquitectónicos del proyecto serán socializados a la comunidad”, dijo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
En cuanto a las obras de mitigación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres además dio a conocer que se encuentra a cargo de 58 proyectos que tienen un costo de $175.603 millones de pesos, inversión con la cual se planea construir muros de estabilización, jarillones, espolones, azud (muros tipo presa) y diques, de acuerdo a los estudios y diseños realizados por la corporación autónoma de la región, Corpoamazonía.
“Desde el Gobierno se logró la asignación de los recursos necesarios para la ejecución de las obras de mitigación del casco urbano, correspondientes a 57 puntos de intervención traducidos en 18 contratos; de los cuales se han iniciado a la fecha 16 contratos, para la intervención de 50 puntos. De manera que, el principal reto será iniciar la totalidad de las obras de mitigación, garantizando su ejecución en los plazos establecidos”, indicó el director de la UNGRD y gerente para la Reconstrucción de Mocoa, Eduardo José González.
Con este panorama, la Contraloría General solicitó a las instancias del Gobierno nacional y a la UNGRD implementar prontamente “las medidas necesarias y suficientes que permitan agilizar estas obras”. Hasta ahora, con el ritmo de trabajo que tiene el proyecto, el órgano de control estima que estas obras estarán terminadas para 2023.
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