Periodistas denuncian acoso judicial por parte del presidente del Senado

El presidente del Senado, Juan Diego Gómez, denunció penalmente ante la Fiscalía a las periodistas Claudia Báez y Diana Salinas, fundadoras del portal Cuestión Pública, por una investigación que se publicó sobre las presuntas relaciones que ha sostenido con un narcotraficante, convictos del escándalo de Odebrecht y personas señaladas por presunta corrupción.

Para las comunicadoras se trata de un acoso judicial por parte del congresista conservador, que ya había recurrido a otras instancias de la justicia que fallaron en contra de su petición. Dice el portal de las periodistas, que la denuncia penal fue interpuesta el 29 de junio de 2021 ante la Unidad de Delitos Querellables de la Fiscalía por el abogado Jesús Albeiro Yepes, quien también defendió a Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, en el caso de Los 12 apóstoles.

En mayo de 2021, Gómez interpuso una tutela alegando que Cuestión Pública había vulnerado sus derechos a la honra y al buen nombre, pero el Juzgado 1ro Penal Para Adolescentes de Bogotá negó sus pretensiones. Ante esta respuesta, el senador apeló la decisión y el 9 de julio de 2021 el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión de 1ra instancia y señaló sobre la investigación periodística que, “no se trata de información parcializada, incorrecta y mucho menos que sea falsa”.

La investigación que no tiene contento al presidente del Senado puso la lupa a las relaciones que ha sostenido el político en sus 16 años de carrera. Por ejemplo, un aparte de la investigación dice: “Cuando Gómez era presidente de la Comisión Quinta de la Cámara (2012 - 2013) tuvo una reunión privada con Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia. Por esta época Odebrecht pagó al menos 2 millones de dólares en sobornos a senadores y políticos conocidos como “Los Bulldozer”. En 2014, el señor Cesar Hernández Sanmartín dio un crédito a la campaña de Gómez Jiménez al Senado y seis meses después de las elecciones lavó dinero para la multinacional brasileña, hechos por los cuales fue condenado a casa por cárcel en 2017″.

Según Cuestión Pública, le han solicitado al senador en tres ocasiones copia de sus declaraciones juramentadas de bienes y rentas anteriores a 2019, sus declaraciones de renta, registro de intereses privados y la lista de miembros de su UTL, pero el conservador acude a la reserva legal en su declaración de la DIAN.

La investigación de las periodistas Báez y Salinas cuenta además que entre julio de 2005 y marzo de 2007, cuando Gómez era diputado de Antioquia, fue copropietario de una finca en Copacabana junto con Diego Aristizábal Mejía, identificado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. como asociado del narco Pedro Antonio Bermúdez Suaza (también conocido como alias El Arquitecto, piloto de Pablo Escobar Gaviria y socio de Joaquín “El Chapo” Guzmán).

“En el negocio inmobiliario de Copacabana, Juan Diego Gómez Jiménez también fue socio de María Consuelo Ruiz Londoño, exrepresentante legal de la Fundación Berta Arias de Botero (Fundarias), organización que registró millonarios negocios entre Otto Bula (condenado por su participación en el escándalo de Odebrecht) y el parapolítico Mario Uribe, primo del expresidente Uribe”, señala el medio independiente.

Agregan entre los cuestionamientos del senador, que su padre, Orlando de Jesús Gómez Botero, “murió pagando una condena de 8 años por los delitos de fraude procesal, falso testimonio y obtención de documento público falso, cometidos en un negocio predial de un lote de 33 mil m2 en Bello”.

SEGUIR LEYENDO: