JEP rechaza el asesinato de un líder social que contribuyó a la recuperación de cuerpos en Caquetá

La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) rechazó este miércoles el asesinato del líder social del corregimiento de La Unión Peneya, Willington Hernández, quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción comunal del barrio El Centro, en esta zona rural del municipio de Montañita, Caquetá.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) detalló que este crimen se habría presentado en la noche de este martes 9 de noviembre, cuando hombres armados atentaron contra la vida del líder social, quien salía de una reunión con directivos de la junta comunal de esta inspección al sur de Colombia.

“La JEP hace un llamado a los actores armados a respetar la vida y el trabajo de los líderes sociales y alentamos a la sociedad a respaldar a quienes ejercen liderazgos en beneficio de los territorios. A su vez, hace un llamado a las instituciones correspondientes para investigar y sancionar a los responsables de este hecho que enluta no solo a la comunidad de La Unión Peneya sino a toda Colombia”, indicó el tribunal de paz.

La justicia transicional destacó que Hernández había contribuido el mes pasado para que avanzaran las labores de búsqueda y recuperación de 46 cuerpos no identificados, que podrían pertenecer a personas desaparecidas y a menores reclutados de manera ilícita por la desmovilizada guerrilla de las FARC, los cuales se encontraban en el cementerio de La Unión Peneya.

Asimismo, señaló que el líder social fue decisivo para que miembros de su comunidad, quienes son víctimas del conflicto armado, acudieran a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y ante la JEP para solicitar apoyo a la búsqueda de sus seres queridos y una atención integral.

“Desde su liderazgo, Willington Hernández se destacó por su compromiso frente a la comunidad de La Unión Peneya, tras el desplazamiento masivo del que fueron víctimas en enero de 2004, para que su retorno y la reconstrucción de sus proyectos de vida fuera en condiciones dignas”, destacó el tribunal de paz.

Por último, reconoció que el líder social enfocó estos últimos años, desde el retorno de los pobladores en 2009 a este corregimiento históricamente afectado por el accionar de diferentes grupos armados, a impulsar la consolidación de la paz en este territorio que no ha contado con una presencia estatal suficiente.

Según el Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos de Indepaz, el asesinato de Hernández sería el número 152 cometido contra un líder o lideresa social en lo corrido del año y el número 1267 desde la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la desmovilizada guerrilla de las FARC.

A su vez, señaló que la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana para este corregimiento, advirtiendo que los grupos armados que hacen presencia en este territorio, en el que se ha identificado el frente 82 de las disidencias de las FARC, han impuesto regulaciones y ha impartido directrices contra la comunidad y sus líderes y lideresas sociales.

SEGUIR LEYENDO: