Un juzgado de Bogotá concedió, en la tarde de este miércoles 10 de noviembre, la medida de casa por cárcel a Juan José Laverde, exagente de seguros de la agencia Rave, señalado de gestionar garantías bancarias falsas en el marco del escándalo de la unión temporal Centros Poblados y el Ministerio TIC.
Según informó El Espectador, se trata de la ratificación de una decisión tomada hace un par de semanas por un juez de control de garantías. Esto, tras la petición de la defensa del que es uno de los tres capturados por la pérdida de $70.000 millones de un adelanto entregado por la cartera tecnológica, en pro de la iniciativa para llevar conexión a internet a los colegios rurales de 15 departamentos.
El mismo medio de comunicación indicó que, ni en ese momento, ni hoy, se dieron reparos a la solicitud por parte de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría o la defensa del Ministerio TIC, que fue la que abrió el caso en contra de Laverde, Emilio Tapia y Luis Fernando Duque.
Cabe agregar que, hasta el momento se desconoce si la decisión de casa por cárcel, que había sido negada hace unas semanas la contratación, tiene que ver con un posible preacuerdo entre el acusado fraude procesal y falsedad en documento privado y los mencionados entes gubernamentales que le endilgan esos cargos.
No obstante, medios como W Radio aseguran que el hombre sí ha venido colaborando con las autoridades, entregando información delicada durante las últimas semanas, en pro de construir una relación de confianza que llevara a la decisión de hoy.
Dicho esto, también hay que señalar que entre los argumentos esgrimidos por la defensa de Laverde para conseguir el cambio de modelo de reclusión se cuenta el hecho de que, contrario a Tapia, el exagente asegurador no tenía antecedentes penales. Esto de por sí indica que incluso si llega a ser condenado, podría aspirar a mecanismos para no estar en una cárcel tradicional.
Sin embargo, el regreso a casa de Laverde podría continuar en la cuerda floja. A fin de cuentas, hay que recordar que Emilio Tapia ya había advertido en su último interrogatorio que el siguiente en el que participe lo dedicará a hablar, precisamente, de las reuniones que sostuvo con el exfuncionario de Rave, para arrojar claridad sobre el papel que este jugó en todo el entramado de corrupción.
No hay que olvidar que la sentencia de cárcel contra los tres hombres se registró el pasado 25 de septiembre, luego de que el juez 53 de control de garantías de Bogotá descartara la opción de reclusión domiciliaria, entre otras cosas, porque la medida de aseguramiento es de carácter preventivo.
Lo anterior, entendiendo que existe toda una jurisprudencia que indica que hay un fin constitucional al buscar evitar “la obstrucción de la justicia, como ya se ha deprecado de todas las actividades que han hecho con el fin de ocultar y destruir evidencia, manipular los testigos, ofrecerles cosas, o incluso decir que las personas que han participado en los eventos con o sin conocimiento ahora son los responsables, y no quienes se beneficiaron en realidad el anticipo”.
También desestimó argumentos de la defensa como el hecho de que el encarcelamiento se debe imponer sólo en casos excepcionales. Al respecto, explicó que este caso es, precisamente, excepcional dadas la cantidad de dinero que todavía no aparece y el número de personas afectadas: los habitantes de 15 departamentos del país.
“Si usted considera que desaparecer $70.000 millones para educación de la gente no es un caso excepcional yo no sé que será excepcional entonces. La verdad este es un desfalco inmenso, estos son como 20 elefantes blancos andando juntos en manada, esto no es una cosa normal o común y corriente, esto es un caso excepcional precisamente por eso es que la medida de aseguramiento de detención es excepcional”, sentenció el funcionario judicial.
SEGUIR LEYENDO: