Gobierno nacional estaría incumpliendo con el programa de sustitución de cultivos ilícitos, según Comunes

El representante a la Cámara por el Partido Comunes Omar Restrepo denunció que las comunidades campesinas en la región del Bajo Cauca, vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), no estaría recibiendo los recursos establecidos en el programa pactado en el Acuerdo Final de Paz.

El congresista del partido político conformado por excombatientes de la desmovilizada guerrilla de las FARC advirtió que cerca de 800 familias de Tarazá, Antioquia, las cuales hacen parte de este programa que busca la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, no han recibido el segundo pago por $1′800.000 para sus proyectos de autosostenibilidad y seguridad alimentaria.

Según Restrepo, el plan de inversión presentado por el operador de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) “está descargando los sobrecostos de las demoras del Estado sobre los hombros de las y los campesinos”, a los cuales le estarían quedando cerca de $800 mil, debido a que descuentan el transporte y los sobre costos, según indicó Comunes.

En ese sentido señaló que los campesinos del corregimiento de Barro Blanco y otros PNIS advirtieron que si anualmente se cambia el plan de inversión, los recursos establecidos no son suficientes para la compra de los insumos necesarios para los proyectos.

“Empeora este panorama las amenazas que denunciaron los campesinos en el encuentro organizado por la Contraloría General de la República el pasado 16 y 17 de septiembre de Medellín. En todos los PNIS de Antioquia informan que son amenazados con ser excluidos del programa si no reciben insumos costosos o que no pidieron o necesitan para su proyecto”, indicó el representante.

Por tal razón, indicó que esto es un inminente incumplimiento del Acuerdo Final de Paz en el numeral 4.1, que corresponde a la los ‘Planes Integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación de las áreas afectadas por dichos cultivos’ por parte del Gobierno de Iván Duque.

En consecuencia, pidió a la Contraloría delegada para el postconflicto y a la Procuraduría delegada para el seguimiento del Acuerdo Final de Paz para que hagan un seguimiento de los recursos destinados a los Programa de Sustitución de Cultivos.

“Las familias campesinas continúan viviendo en la pobreza y con una falta de condiciones materiales e inmateriales del buen vivir. No más arbitrariedades contra quienes le están apostando a la paz en Colombia”, concluyó el representante a la Cámara.

Por su parte, el consejero para la Estabilización y Normalización, Emilio Archila, argumentó que tan solo el 1 % de las familias vinculadas a este programa se han retirado y que estas denuncias deben ser conocidas por el ente investigador.

“Ellos son colombianos y varios del Partido Comunes son servidores públicos que no solamente tienen el deber sino que tienen una obligación constitucional de poner las denuncias para que la Fiscalía haga las investigaciones en vez de estar poniendo runrunes”, concluyó Archila.

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