Defensoría reitera el llamado a garantizar los derechos humanos en El Tarra y San Calixto

La Defensoría del Pueblo reiteró este martes su llamado a las autoridades gubernamentales, Policía y Ejército Nacional para garantizar los derechos humanos en los municipios de El Tarra y San Calixto, en Norte de Santander, vulnerados por los grupos armados ilegales.

Así lo recalcó la entidad durante la Comisión Intersectorial para la Respuesta a Alertas Tempranas (Ciprat) que se llevó a cabo en Cúcuta, capital del departamento fronterizo, en el que las entidades requeridas en la Alerta Temprana No. 025, presentaron las medidas adelantadas con el fin de cumplir las recomendaciones.

“La Defensoría reitera su compromiso histórico para continuar acompañando a las comunidades campesinas e indígenas de la región y, en consecuencia, hacemos un llamado a las autoridades del orden municipal, departamental y nacional para aunar y coordinar esfuerzos que garanticen el disfrute de los derechos humanos de la población a través de la adopción de medidas integrales de prevención efectivas e integrales”, señaló el defensor del pueblo Carlo Camargo.

Este llamado de la entidad corresponde a la alerta temprana que emitió el pasado 22 de octubre donde denuncia el posible fortalecimiento y accionar de los grupos armados ilegales que hacen presencia en estos municipios ubicados en la convulsionada región del Catatumbo, así como de la probabilidad que se presenten nuevas disputas por el control de este importante corredor fronterizo.

Asimismo, esta alerta, que le solicita a las autoridades un refuerzo en las estrategias de protección para los habitantes de estos municipios que padecen las disputas por el control territorial y las rentas ilegales, detalla que estarían en riesgo al menos 8.500 pobladores de El Tarra y 3.500 de San Calixto por los recurrentes enfrentamientos armados entre las disidencias de las FARC, el ELN, y el EPL.

“A su vez, el documento de advertencia establece recomendaciones que, en su mayoría, se encuentran orientadas a impulsar acciones que permitan enfrentar vulnerabilidades asociadas a la pobreza multidimensional y a la falta de inversión social en estos municipios y la región del Catatumbo en general”, indicó la Defensoría.

Esta alerta evidencia que los menores de edad, el personal médico y sanitario, los migrantes y ciudadanos con necesidad de protección internacional, así como los líderes y lideresas sociales, los pobladores que habita en los cascos urbanos de estas localidades y cerca de 5.900 indígenas de la comunidad barí, son los grupos poblacionales más vulnerables.

De igual manera, el documento advierte sobre la inminencia de desplazamientos forzados masivos, homicidio selectivos, paros armados, amenazas, restricciones de la movilidad, enfrentamientos armados con interposición de los pobladores y el confinamiento de la población, ahondando en el recrudecimiento de la violencia en esta región al nororiente de Colombia.

“Reiteramos nuestra entera disposición y capacidad institucional para acompañar estos procesos en los territorios”, concluyó el defensor del pueblo, quien solicitó medidas urgentes para la protección de estos pobladores.

Líderes sociales del Catatumbo manifestaron su preocupación el pasado octubre por las acciones violentas de las que son víctimas los menores de edad. Según ellos, en la subregión han aumentado los casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes. Señalan que esta situación se debe a las pocas oportunidades que hay en la zona que obligan a los menores a salir a la calle y exponerse al peligro.

La denuncia dice que desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, 25 niños han sido reclutados por distintos grupos armados, tres niños están desaparecidos y aproximadamente 50 jóvenes entre los 16 y 19 años se vincularon a los cárteles del narcotráfico. Además, otros terminan trabajando como ‘raspachines’ de coca para poder llevar comida a sus casas.

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