Contraloría califica como insuficientes los recursos destinados a implementar el enfoque de género en el Acuerdo Final de Paz

Después de hacer un seguimiento a los recursos públicos destinados a la aplicación del enfoque de género en el marco de la Política de Víctimas y el Acuerdo Final de Paz, la Contraloría General de la República determinó que no se ha invertido lo suficiente. Indica que entre 2020 y 2021, solo un 4 % del total de los fondos han sido dirigidos para garantizar el cumplimiento de las acciones de género señaladas en el Acuerdo Final de Paz y un 11 % en se han ido a la Política de Atención y Reparación Integral para las Víctimas.

La cifra es baja, pero se resalta que en esta vigencia se evidenció un crecimiento del 7,7 % en los dineros orientados a la aplicación de acciones de género en el acuerdo. Aunque es un avance, preocupa que los índices anteriores sean más bajos, porque dan cuenta del poco aprecio que se tiene por el enfoque.

Es de mencionar que estos números pueden ser imprecisos, pues, según datos de la Contraloría, no se cuenta con un identificador de los recursos de género en el trazador presupuestal de construcción de paz. En algunos proyectos, los responsables se limitaron a utilizar el marcador como un contador de mujeres que acceden a los programas sin que se pongan en marcha acciones diferenciales.

Así mismo, se identificó que no se ha logrado transversalizar el enfoque de género en el ciclo de formulación e implementación de la política pública de víctimas. En este sentido, las entidades no cuentan, en general, con diagnósticos de género específicos que sirvan de base para conocer las condiciones de hombres, mujeres y población LGTBI.

Estos problemas limitan las opciones para visibilizar y dar seguimiento a los recursos destinados para la implementación de este enfoque. Además, se limita la formulación de programas de esta política para identificar acciones concretas que permitan cerrar brechas de género.

Es importante mencionar que esta advertencia ya había sido hecha por el Grupo de Género en la Paz (GPAZ), conformado por Dejusticia, Sisma Mujer, Women’s Link Worldwide, Colombia Diversa, Corporación Humanas, la Red Nacional de Mujeres y la Comisión Colombiana de Juristas, desde el pasado 28 de julio. En ese momento se denunció que las medidas que estaban siendo ejecutadas respecto al enfoque de género.

Esta información está consignada en el tercer informe del grupo, en el que se analizan los datos recopilados desde la firma del acuerdo en 2016, hasta diciembre de 2020. GPAZ indicó que hizo el análisis desde un enfoque feminista y usó la metodología de semáforo.

El informe de GPAZ se extiende 75 páginas y en ellas se resaltan algunos puntos esenciales. En primer lugar, señaló que la implementación del enfoque de género del Acuerdo Final de Paz ha seguido el curso de desaceleración iniciado desde mediados de 2018. No se trata solo de que aún hay medidas que no han sido implementadas, sino que aquellas que sí están siendo ejecutadas no avanzan de manera óptima.

Consecuentemente con esa desaceleración, medidas que en el informe anterior de GPAZ presentaban avances adecuados, en el último año empezaron a acumular retrasos y avances parciales. La situación es compleja, pues ahora solo el 20 % de las medidas de género están siendo implementadas de manera oportuna y apropiada. Adicionalmente, GPAZ identificó medidas cuyos avances tras cuatro años de implementación del acuerdo son mínimos y requieren de la priorización de estrategias urgentes para solventar el nivel de retraso en el que se encuentran.

Otro aspecto que continúa sin avances positivos es la implementación de las medidas desde la perspectiva diferencial de las mujeres Lesbianas, Bisexuales y Trans (LBT). GPAZ aseguró que el gobierno del presidente Iván Duque no ha demostrado un compromiso verdadero para garantizar los derechos de esta población.

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