General (r) Miguel Maza Márquez ya tiene fecha para declarar ante la JEP

La audiencia se realizará presencialmente y no virtual, como solicitó la defensa de Márquez argumentando problemas de salud del exmilitar

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General (R) Miguel Maza Márquez.
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General (R) Miguel Maza Márquez. Foto: Mario Franco - Colprensa

Después de nueve meses de haber sido vinculado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el general (r) Miguel Maza Márquez, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) ya tiene cita para rendir cuentas ante el tribunal. El exfuncionario deberá aportar su versión acerca del caso 06, en el cual se investiga las victimizaciones de los miembros de la Unión Patriótica el próximo 23 de noviembre. Se dejó claro que la audiencia se realizará presencialmente.

La aclaración de la JEP es importante ya que la defensa de Maza Márquez había solicitado realizar la audiencia de forma virtual argumentando problemas de salud del exmilitar. Incluso, pidió que la declaración se diera de forma escrita, petición que el tribunal especial negó rotundamente.

Los magistrados adujeron que, de acuerdo a varios informes clínicos, Maza Márquez puede presentarse. El exmilitar debe ingerir un medicamento periódicamente, hecho que no le impide asistir presencialmente a la versión voluntaria porque no muestran alguna restricción a su movilidad.

“En cuanto al certificado particular del psiquiatra que señala que el señor Maza Márquez debe tomarse un medicamento cada ocho horas, la Sala no considera que tal situación sea razón suficiente para justificar la ausencia del compareciente a rendir versión voluntaria de manera presencial; pues de ser necesario, en la diligencia de versión voluntaria se garantizarán los recesos que deban hacerse”, indicaron los magistrados de la JEP.

La jurisdicción hizo este llamado teniendo en cuenta que el general (r) Maza Márquez fue mencionado en los informes de la Fiscalía General de la Nación y del Centro Nacional de Memoria Histórica relacionados a las victimizaciones de los miembros de la Unión Patriótica. De hecho, en los informes presentados por las mismas víctimas se menciona al exmilitar.

Una de las piezas centrales tomadas en cuenta fue la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Galán, en la que el alto tribunal condenó a Maza Márquez, no sólo como coautor de dicho magnicidio sino también como autor del delito de concierto para delinquir agravado “por promover el grupo armado ilegal que conformaron las autodefensas del Magdalena medio, [ya que] el proceso acredita con suficiencia que el acusado tejió estrechos vínculos con Henry de Jesús Pérez Durán, comandante de dicho grupo ilegal”.

Es importante tener en cuenta que, como ha sido probado en la justicia ordinaria, los grupos paramilitares del Magdalena Medio fueron responsables de múltiples asesinatos y masacres en contra de miembros de la Unión Patriótica.

Así mismo, Maza Márquez deberá explicar lo relacionado con el asesinato de varios dirigentes nacionales y regionales de la Unión Patriótica, que han sido documentados a través de informes oficiales y no gubernamentales allegados a la Sala de Reconocimiento. Estos crímenes ocurrieron durante su ejercicio como director del DAS (entre 1985 y 1991), en los que se vieron involucrados funcionarios de dicha institución, que era responsable de la seguridad y escolta de las víctimas.

Dentro de los casos mencionados en los informes presentados a la Jurisdicción, se encuentran los asesinatos de los candidatos presidenciales de dicho partido: Jaime Hernando Pardo Leal (1987) y Bernardo Jaramillo Ossa (1990), así como de los directivos nacionales y regionales, José de Jesús Antequera, Teófilo Forero, Diana Stella Cardona y Gabriel Jaime Santamaría, entre otros.

Maza Márquez fue director del desaparecido DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, entre 1985 y 1991, y paga una condena de 30 años de cárcel por su responsabilidad en el crimen del candidato presidencial Luis Carlos Galán.

De hecho, a finales de 2020 intentó acogerse a la JEP por este caso junto al exministro y excongresista Alberto Santofimio buscando obtener beneficios de la justicia especial por este delito, pero el tribunal de paz rechazó la solicitud argumentando que el crimen cometido contra el líder político Galán Sarmiento se produjo por razones de narcotráfico y sin ninguna relación con el conflicto armado.

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